La Guardia Nacional (GN) ha acumulado mil 254 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos desde su creación en julio de 2019.
Ha sido señalada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por decenas de agravios, entre ellos: detenciones arbitrarias, incumplir las formalidades en cateos, emplear arbitrariamente la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, tortura y privación de la vida.
Las quejas también incluyen presuntas violaciones cometidas en el desarrollo de las atribuciones que el organismo ha asumido en el campo aduanero, en la estrategia de migración y en la de combate al robo de hidrocarburo. Se les ha acusado de cometer acciones que transgreden los derechos de los migrantes, faltar a la legalidad y honradez en el desempeño de sus funciones, intimidación, entre otros.
En tres años, la GN ha superado el número de quejas contra la Secretaría de Marina (Semar), que ha recibido 511, y está apenas por debajo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que suma mil 605 reclamos entre enero de 2019 y el 10 de noviembre de 2022.
La información fue obtenida vía transparencia y a través de Comunicación Social de la CNDH.
La GN es un organismo creado por la actual administración para realizar funciones de seguridad pública. Nació como una corporación civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero un decreto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador definió que pasaría a la Sedena, aunque esto se encuentra en análisis debido a una serie de amparos que acusan inconstitucionalidad.
“La Guardia Nacional no es un cuerpo ajeno a las violaciones de derechos humanos, contrario al discurso oficial que dice que en México éstas ya se erradicaron”, advierte Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Explica que el alto número de quejas es muestra de que, aunque la GN es de reciente creación, “está replicando los patrones de uso de la fuerza y de opacidad que le conocíamos al Ejército”.
Recomendaciones
Año con año incrementa el número de quejas contra la GN. En 2019, el organismo, a cargo del comandante Luis Rodríguez Bucio, estuvo en operación sólo seis meses y en su debut se abrieron 49 expedientes en su contra por presuntas violaciones a derechos humanos ante la CNDH. Para 2020 se registraron 331 y para 2021, 474, un incremento de 43%. Con corte al 10 de noviembre, en 2022 se contabilizaron 400.
De las numerosas quejas, pocas se han traducido en recomendaciones de la CNDH. La corporación ha sido acreedora de cinco por violaciones graves a los derechos humanos y ocho generales, informó la comisión. Además, en un caso más el organismo de seguridad logró conciliar con los afectados. Se solicitó entrevista con la GN sin que al cierre de esta edición haya dado respuesta.
Las recomendaciones son pronunciamientos públicos sobre el resultado final de investigaciones realizadas por la comisión, en los que sustenta la existencia de violaciones a derechos humanos atribuibles a una autoridad. Obligan a las dependencias acusadas a reparar y compensar los daños, así como a implementar garantías de no repetición.
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Por medio de otra respuesta de transparencia, la CNDH explicó que ninguna de las recomendaciones ni la conciliación producto de las quejas contra la GN “han sido cumplidas de conformidad con los artículos 122 y138 del último párrafo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, por lo que se encuentran con estatus de “en trámite”, en espera de que la GN cumpla con lo acordado.
“Los controles internos, como la unidad de asuntos internos, y los externos, como la CNDH, la FGR y el Senado, no están funcionando como contrapesos. Los primeros, en esencia, están en manos militares; los externos están endebles”, dice Aguirre.
Este medio solicitó entrevista con la CNDH, pero el área de Comunicación Social dijo que la vocería, a cargo de la presidenta Rosario Piedra Ibarra, no se encuentra disponible.
Entre las recomendaciones a la GN está la 92/2021, que da cuenta de lo ocurrido en Jalapa, Tabasco, el 25 de junio de 2021.
Una camioneta conducida por una mujer mexicana transportaba a cinco personas de nacionalidad hondureña, entre ellas dos niños. Transitaba por las calles de Jalapa con rumbo a Villahermosa, en Tabasco, cuando elementos de la Guardia Nacional les marcaron el alto, pero la conductora no se detuvo.
“Se escucharon varios disparos de arma de fuego, por lo que me agaché para que no me dieran”, narró una de las víctimas ante la CNDH.
Otro hombre, que viajaba con su esposa y su hija, aseguró que escuchó ocho disparos; uno de ellos le pasó rozando la cabeza y otro se incrustó en la columna de su esposa, quien quedó herida de gravedad. La conductora también recibió un disparo y murió en el sitio.
“Fuimos a impactarnos contra un árbol. (...) Nos comenzaron a amenazar que si no abríamos las puertas nos iban a disparar, pero no abrían debido a que tenían seguro”, declaró.
Aunque los elementos de la GN aseguraron que las personas abrieron fuego en contra de ellos, la investigación pericial y las declaraciones de los testigos rechazan esta justificación. En cambio, se determinó que la GN abusó de la fuerza pública, atentó contra el derecho a la vida y contra el interés superior de la niñez.
Algo parecido ocurrió en Delicias, Chihuahua, en el marco de las manifestaciones que encabezaron agricultores en la presa La Boquilla, quienes exigían detener la extracción de agua para el pago del Tratado de Aguas Internacionales, firmado desde 1944 entre México y Estados Unidos.
Al término de la protesta del 8 de septiembre de 2020, una pareja viajaba a bordo de una pickup, iba en caravana con otros vehículos por la carretera Camargo-Delicias. El conductor notó que otra camioneta que llevaba escrito “sin agua no hay vida” era custodiada por dos vehículos de la Guardia Nacional. Por ello, el grupo decidió seguirles para averiguar si llevaban a alguno de sus compañeros detenidos.
En el proceso, elementos de la Guardia Nacional dispararon en contra de los tripulantes de la pickup. Hirieron al conductor y mataron a su acompañante. Los elementos de la GN aseguraron que recibieron disparos y por ello respondieron; sin embargo, las investigaciones concluyeron que “es posible determinar que V1 y V2 (las siglas se utilizan para identificar a las víctimas sin revelar su identidad) no accionaron armas de fuego contra los elementos de la Guardia Nacional”, según quedó asentado en la recomendación 52VG/2022.
Otra recomendación por violaciones graves es la 70VG/2022. Recupera el homicidio con arma de fuego de una joven de 16 años que estaba embarazada y las heridas causadas a su pareja en la carretera Zapotlanejo-Guadalajara. “Queda acreditado que fueron objeto de una agresión a través del uso excesivo de la fuerza y el uso ilegítimo de armas de fuego por personal de la Guardia Nacional”, se lee en el documento.
En Quintana Roo se comprobó que, en noviembre de 2019, elementos de la Guardia Nacional retuvieron ilegalmente a un hombre, lo torturaron junto con elementos de la policía estatal y no siguieron los lineamientos para ponerlo a disposición de las autoridades competentes.
De acuerdo con la recomendación 33/2022, la detención presentó inconsistencias. Los elementos de la GN aseguraron que lo detuvieron a las 20:04 horas como parte de sus recorridos de disuasión del delito. Sin embargo, la víctima reconoce que la detención fue a las 5 de la tarde.
En julio de 2020, elementos de la Guardia Nacional que manejaban en sentido contrario chocaron con un vehículo en el que viajaba una familia, causando la muerte de un niño en Oaxaca, detalla la recomendación 97/2022.
La CNDH calificó de “evidente” la “falta de veracidad” de los testimonios de los uniformados, quienes afirmaron que el vehículo privado fue el que viajaba en sentido contrario y se impactó contra ellos. Testigos del accidente coincidieron en que la responsabilidad fue de la unidad de la GN; señalaron que sus ocupantes tenían aliento alcohólico.
Las otras quejas
A diferencia de las pocas quejas que se traducen en recomendaciones, la mayoría de los señalamientos son rechazados.
De las mil 254 quejas, 56% fueron acreedoras sólo de una orientación. Es decir, la CNDH determinó que el caso no es de su competencia y procedió a orientar jurídicamente al quejoso, explicó el organismo a través de una ficha informativa.
El 12.4% se declararon cerradas “por no existir materia”, esto significa que las autoridades señaladas tomaron medidas para resolver por su cuenta la violación a derechos humanos. Las quejas son abandonadas por los quejosos sólo en .9% de los casos.
El resto de los señalamientos contra la Guardia Nacional están en análisis o en “acumulación”, agrupadas en expedientes viejos que dan cuenta de violaciones a derechos humanos similares.
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