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En 10 años, el gobierno mexicano incautó 115 mil 496 armas que ingresaron ilegalmente al país, la mayoría de Estados Unidos.
Los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por Guacamaya contienen varios diagnósticos sobre el impacto del tráfico de armas en México. Hablan del trabajo interinstitucional emprendido para reducir ese flujo, previo a que el gobierno mexicano demandara por primera vez a 11 fabricantes de armas estadounidenses.
En al menos dos documentos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la delincuencia (Cenapi) de la Fiscalía General de la República (FGR), se hace un recuento preciso del número de armas detectadas en el país.
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El primer informe analizó el periodo de diciembre de 2012 a junio de 2019, cuando se aseguraron 61 mil 451 armas ilegales en México, de las cuales 57% eran largas, como fusiles automáticos y metralletas. Encontraron que entre los principales factores que inciden en el tráfico de arsenales está la cercanía con entidades de EU que tienen el mayor número de licencias activas para venta de armas, como Texas, California, Arizona y Nuevo México, lo que se combina con un control insuficiente en los cruces fronterizos.
Texas, señala una gráfica, es el estado que más provee de armas al crimen organizado, principalmente a las organizaciones de Carrillo Fuentes, Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
El documento de julio de 2019, Diagnóstico situacional sobre la problemática del tráfico y aseguramiento de armas en México, dice que entre diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2019 la mayoría de las armas que entró al país terminó en Tamaulipas, 14 mil 217; Michoacán, 6 mil 446; Guerrero, 4 mil 883, y Sinaloa 4 mil 664.
Recalca que en estos territorios la presencia de armas largas fue mayor, a diferencia de lugares como la Ciudad de México, donde 83% de las armas que ingresan son cortas, como pistolas o revólveres, de un total de 4 mil 196.
Un 60% de las armas proviene de Estados Unidos, según información que obtuvo el organismo a través de E-Trace, el sistema electrónico de rastreo de armas estadounidense; 7.2% de España, 5.6% de Italia y 5% de Austria.
La mayoría de los aseguramientos que ha hecho el gobierno mexicano corresponde a las aduanas, les siguen la vía pública y los aeropuertos.
El segundo texto contabiliza el flujo ilícito de armas del 1 de enero de 2020 al 25 de agosto pasado. Este análisis señala que aseguraron 54 mil 45 armas en ese periodo. El recuento excluye 426 por su estatus sensible, debido a su uso en casos de alto impacto.
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Arizona y Texas, oasis armamentístico
Cinco empresas de Arizona y Texas están bajo la lupa del gobierno mexicano por vender una gran cantidad de armas a una misma persona, según una infografía enviada en los correos hackeados por Guacamaya el 1 de septiembre pasado. El Cenapi transmitió el archivo al subjefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Sedena.
El recuento Trazabilidad de armas aseguradas halló que mil 794 armas provienen de distribuidores que hacen ventas múltiples (más de un artefacto a una persona en un día) y de las cuales Texas aportó más de la mitad, 957, y Arizona casi la cuarta parte, 446.
Así, 727 armas aseguradas salieron de la empresa Academy Ltd., y de las cuales vendió 110 de forma múltiple. Le sigue Cabela’s Wholesale LLC, con 215 y 42, en ese orden; Zeroed in Armory LLC, 75 y 48; Ammo A-Z LLC, 46 y 19, y The Gun Zone, 39 y 20.
A cuatro “compradores recurrentes” en Arizona les aseguraron 330 unidades y a otras tres personas en Texas, 146.
Marcelo Ebrard Casaubon, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que “el gobierno mexicano interpuso una segunda demanda contra cinco empresas que venden armas en Arizona”.
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