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El 15 de septiembre de 2008 la vida de María de Jesús Vázquez Silva cambió. Fue una de los 110 afectados del atentado con granadas, en Morelia, Michoacán. Después de casi 12 años se le reconoció como víctima y, junto a seis personas, logró ingresar en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) después de cuatro años de espera para recibir asistencia médica y jurídica. Dicho registro recibe 500 solicitudes al mes, según el informe de la situación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Marichuy, como prefiere ser llamada, era enfermera. Aquel día sus hijos fueron a la clínica para llevarla a la fiesta patria. En la plaza Melchor Ocampo esperó a su familia mientras compraban , cuando escuchó la primera detonación; en la segunda explosión el impacto lanzó su cuerpo y las lesiones conllevaron a que perdiera la pierna. Uno de sus hijos también presentó graves heridas.
“Fue muy grande, en total fueron 10 muertos. El último que falleció fue el niño Ángel Uriel; iba en segundo de secundaria. Su abuelita falleció en el momento. Su mamá estaba en Terapia Intensiva. Lo recordamos y se nos llena el rostro de lágrimas. También es muy doloroso ver personas que trabajamos y ahora no podemos valernos por nosotros mismos. Nos cambió la vida. Mi hijo también está afectado y a él no lo aceptaron en la lista, en ese tiempo, porque era menor de edad, pero él sigue muy mal”, confiesa.
Después del atentado les dijeron que iban a recibir atención y que se crearía un fondo para compensar a los afectados de la región, de los cuales se tienen 92 expedientes (ocho fallecidos y 84 lesionados), aunque la abogada del caso indica que “hay más víctimas que no están en la lista del juzgado federal”.
En el apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen los derechos de las víctimas y en el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas se menciona a los afectados de este hecho: “Es de justicia tener presente a las víctimas de los actos terroristas perpetrados en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre de 2008”. Aun así las víctimas fueron relegadas.
“Nos dijeron que había dinero para que nos brindaran la atención a nosotros por lo que habíamos pasado, pero como uno era ignorante, nunca se pudo. No supimos pedir el apoyo para medicamentos y menos el archivo del caso”, cuenta Marichuy.
Desde el atentado a la fecha, la familia Vázquez Silva ha necesitado de atención para los traumas físicos y emocionales con citas recurrentes al traumatólogo, sicólogo y siquiatra
En 2014 la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas (Províctima) se transformó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con el mismo fin de brindar asistencia y reparación integral a los afectados por delitos y violaciones de derechos humanos. María solicitó que se le brindara la atención y el registro, pero su caso no tuvo seguimiento.
“Hemos andado luchando porque nos cerraban las puertas en todos lados. Aquí en la comisión estatal siempre nos decían que no tenía nuestros casos y que nada más nos atendían por órdenes del gobernador y la federal también decía que no eran sus casos. Sólo ellos están contentos por 16 casas que dieron en ese momento”, alega.
Ante el desamparo, seis de los afectados se reunieron y contrataron un defensor privado. En 2018, la abogada Reyna Velasco Guerrero tomó el caso e hizo una petición ante la CEAV delegación Michoacán y la comisión estatal para conocer los expedientes de los afectados.
El caso estaba en el Juzgado Sexto de Procesos Penales en Jalisco, Puente Grande, por lo que la abogada solicitó el número de averiguación previa.
“En ese momento nos enteramos que había un amparo. El juez no tenía la causa penal porque los probables responsables se habían amparado en contra de una orden de aprehensión que habían tenido. Hubo seis órdenes de aprehensión y se cumplimentaron cuatro, pero las personas que estaban como probables responsables fueron absueltas por presuntos actos de tortura”. Actualmente el proceso está suspendido y no hay detenidos.
Al enterarse de esa noticia, Marichuy se sintió indignada. “Los que hicieron las cosas estaban protegidos y nosotros que somos las víctimas no tenemos nada, ninguna seguridad; que nos arreglemos nosotros solitos porque nadie nos protege”, lamenta.
En 2018 y 2019 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les negó la solicitud de calidad de perjudicada, además de la creación de un fondo para los afectados del granadazo. Reyna Velasco comenta que la CEAV ha promovido recursos de revisión porque no está de acuerdo con el apoyo solicitado. Lo que procede en su trabajo como defensora es buscar la forma de que las familias reciban la atención y compensación que necesitan.
“Solicitamos al Comité Interdisciplinario Evaluador [CIE] de la institución que avance el proceso administrativo, a fin de que se determinen las medidas de reparación de manera subsidiaria por comisión de delito del orden federal”, refiere.
La abogada que lleva el caso de Marichuy menciona que “este sistema le está fallando a las víctimas”. No les han brindado atención, justicia y menos reparación. “Ya no sólo tienen el trauma del hecho, sino que ahora le suma toda la revictimización que han venido pasando”.
Después del atentado, la pierna de María de Jesús presentó complicaciones y tuvieron que amputar. La prótesis que tiene no es la adecuada por lo que le genera mayor daño. Perdió su trabajo. Tiene esquirlas, al igual que su hijo y a raíz del suceso la salud de Marichuy empezó a tener otras complicaciones como diabetes.
“Nosotros estamos aquí respirando todavía y pidiéndole a Dios que sea verídico que nos van a resarcir todo lo que hemos perdido, porque ya hemos perdido mucho. Mi compañero Rafa perdió a su esposa y su pierna; pudieron salvar su brazo y ahora tiene una prótesis”, dice Marichuy.
“Ellos dicen que las víctimas ven en la CEAV la lotería, pero, ¿cómo le regresas a una familia un hijo?, ¿cómo le regresas la vida que llevaba Marichuy y su salud? Son tantas cosas que igual y se traducen en una cantidad de dinero pero es lo que les corresponde. Son las cosas que se tienen que considerar para una reparación del daño y no puedes medir a todos con la misma vara porque las secuelas y necesidades son distintas en cada víctima”, asegura Reyna Velasco.
