La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, demandó a los gobiernos federal, estatales y municipales no intervenir en el proceso electoral.
“No se trata solo de la seguridad, sino también de respetar la legalidad. Los funcionarios deben de mantenerse al margen de participar activamente en la elección”, refirió la diputada Guerra.
No obstante, dijo que también es importante que garanticen la seguridad de los candidatos y quienes participarán en la elección.
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“Es obligación de las autoridades de gobierno de los tres niveles otorgar garantías a electores y candidatos, no polarizar el ambiente y dejar que la gente decida en libertad, y del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales fungir como árbitros sin sesgo”, subrayó.
Dijo que de septiembre de 2023 a la fecha se han contabilizado 44 agresiones contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular.
"Que haya un aspirante agredido cada cuatro días y que sean los aspirantes a cargos municipales los más atacados”, refirió.
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Estados como Guerrero, Michoacán y Chiapas registran mayor cantidad de víctimas, y los “gobiernos estatales deben ofrecer mayores condiciones de seguridad y no pretender se normalice la violencia hacia candidatos, dirigentes partidistas y la sociedad en conjunto”, dijo.
"También debe llamar la atención el grado de vulnerabilidad que enfrentan las autoridades electorales, y preocupa que las juntas locales de los OPLES de Chiapas, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas solicitaran medidas de seguridad para protección a capacitadores electorales y resguardo de material electoral, lo que obliga a una mayor coordinación entre autoridades", expresó.
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