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El avalúo del avión presidencial que realizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fue reservado hasta el año 2028. Esa fue la respuesta que ofreció la autoridad federal a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL.
El gobierno federal afirmó que la venta del Boeing 787 Dreamliner se realizó en las mejores condiciones y a un “precio no menor” al valor comercial del determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; sin embargo, por años no se podrá conocer el documento técnico del valor del avión, que tiene capacidad para 80 pasajeros e interiores de lujo, oficina, sala de juntas, recámara con cama king size, regadera, amplios sillones, acabados en piel, caminadora y que contaba con mil 759 horas de vuelo al momento de la venta.
En un comunicado y videograbación girado por la Presidencia se informó que el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, dio a conocer que la venta del avión presidencial se concretó a un precio de mil 659 millones de pesos, es decir, alrededor de 92 millones de dólares.
“El precio no podría ser menor al valor comercial determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales”, dijo.
El gobierno federal ha dicho que el dinero de la venta del entonces denominado José María Morelos y Pavón será utilizado para construir un par de hospitales en zonas de alta pobreza de Tlapa, en Guerrero y Tuxtepec, en Oaxaca.
La aeronave fue adquirida a finales del gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (PAN) para que fuera utilizada por su sucesor, Enrique Peña Nieto (PRI).
El valor comercial se devaluó con los años: pasó de 125.6 millones de dólares en 2019, a 91.5 en 2023.
Se informó que el costo original de la aeronave ascendió a 2 mil 931.25 millones de pesos, “de los cuales, mil 55.91 millones de pesos corresponden al equipamiento de cabina y 308.32 millones de pesos son parte del concepto de refacciones y accesorios”. En un acuerdo del gobierno federal con la Oficina para Servicios de Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS), se recibieron 86 expresiones de interés para su compra entre 2019-2021; en 2022 se registraron cuatro y en 2023 otras cuatro para un total de 94; sin embargo, fueron desechadas por improcedentes.
El bloqueo de la información sobre el avalúo se suma a la reserva que se impuso a los datos del contrato de compra-venta que este medio publicó el 2 de junio pasado.
Banobras declaró como información confidencial el documento sobre el Boeing 787 presidencial.
La institución financiera también cerró los datos respecto a las negociaciones entre los gobiernos de México y de Tayikistán para la adquisición de la aeronave.
Para no entregar la información, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) recordó que el avalúo fue pedido por Banobras y que la información forma parte del expediente que el banco del Estado reservó desde el pasado 23 de mayo, fecha en que se realizó la 11 sesión extraordinaria del Comité de Transparencia.
En otra solicitud de información pública también se pidió a Banobras el acceso a las cartas de intención de compra que recibió durante el tiempo que estuvo en venta, pero sólo informó que durante la actual administración se recibieron dos cartas de intención, sin aclarar qué empresas o gobiernos de otros países presentaron dicha documentación.
“Para la información con la que cuenta la institución, consistente en dos cartas de intención de los posibles compradores y propuestas recibidas, también tiene el mismo tratamiento de ‘información reservada y confidencial’”, se lee en la respuesta oficial a la solicitud.
Hackeo de Guacamaya permite conocer información
A pesar de esta decisión de las autoridades federales es posible conocer quiénes fueron los responsables de las propuestas, a través del hackeo que realizó el grupo Guacamaya a los correos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Una de las cartas fue enviada en mayo del año pasado por Athene Global Establishment, compañía europea que ofreció un pago de 95 millones de dólares por la aeronave.
Casi un año después, el gobierno de México recibió la segunda carta de intención, esta vez del gobierno de Tayikistán, que, según la administración federal, ofreció 92 millones de dólares, tres millones de dólares menos de la propuesta previa. El país centroasiático fue el que cerró finalmente el trato de compra.
