Cobrar casi medio millón de pesos en copias, alegar que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría sufrir discriminación si se revela información sobre su salud o declarar “inexistencia” son algunas de las estrategias que el gobierno federal ha seguido este sexenio para no entregar datos de interés público a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Entre 2019 y 2020, dependencias han negado 24 mil 852 veces la entrega de documentos, por estar reservados, ser confidenciales o inexistentes, según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Si se comparan los primeros dos años de gobierno de López Obrador con los de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el actual sexenio ha habido más negativas a entregar: con el panista fueron 15 mil 531 y con el priista, 18 mil 137.
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Las veces que las instituciones han alegado por qué no pueden entregar la información solicitada han sido por un riesgo a la seguridad nacional, a la integridad de una persona o piden un cobro excesivo para dar copias.
Tal es el caso de la solicitud de información 0000700130319, hecha a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el 23 de abril de 2019, en la que se le pidió a la dependencia información sobre los permisos que ha entregado para la fabricación, comercialización, importación, exportación, reparación, transportación y almacenamiento de armas.
El Ejército respondió que todos estos datos estaban contenidos en 963 mil 144 copias, por las cuales se debían pagar 481 mil 572 pesos para poder consultarlas.
Esa no ha sido la única vez que la Sedena ha obstruido información a ciudadanos, EL UNIVERSAL ha dado a conocer que desde 2019 esta dependencia reservó por cinco años al menos dos casos en los que se pudieron haber violado derechos humanos: enfrentamientos de militares con presuntos delincuentes en Tepochica, Guerrero —ocurrido en octubre de 2019—, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, registrado en julio de este año.
Alegan privacidad de Ejecutivo
La opacidad de los últimos dos años también ha girado en torno a la figura del Ejecutivo, quien recientemente propuso integrar el Inai a la Secretaría de la Función Pública (SFP), aunque expertos en la materia han criticado que desaparecer al organismo autónomo sería un retroceso grave para la democracia en México.
Sobre el Ejecutivo, un ciudadano realizó la solicitud de información 0001200280720 a la Secretaría de Salud (Ssa), a la que se le cuestionó sobre los resultados de la prueba de Covid-19 que el Presidente se había hecho antes de su gira en Estados Unidos.
Sin embargo, la dependencia se negó a responder, al considerar que la salud de una persona es personal, e incluso señaló que, en caso de dar a conocer la información, se corría el riesgo de que el Presidente fuera discriminado.
“La información solicitada es considerada como datos personales sensibles, los cuales se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación”, respondió la Ssa.
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Otros casos de opacidad han sido protagonizados por la Oficina de la Presidencia. El 24 de abril de 2019, luego de que López Obrador aseguró que el expresidente Felipe Calderón le envió una carta para pedir seguridad para él y su familia, un particular pidió una copia de la misiva.
La respuesta a la solicitud llegó un mes después, el 23 de mayo. La respuesta fue: “Se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los archivos que la conforman, sin encontrar dicho documento”.
Es decir, la oficina de López Obrador rechazó tener la carta que Calderón le había enviado, incluso cuando dos días antes, el 21 de mayo, el Ejecutivo se había adelantado y dio a conocer el contenido de la misiva.
Otro caso en el que la Oficina de la Presidencia se negó a entregar información fue cuando un ciudadano pidió el nombre, cargo y sueldo de la traductora que asistió a López Obrador en su gira en Washington, Estados Unidos.
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A pesar de que sí hubo una persona que ayudó al Mandatario, el gobierno señaló que no se localizó “evidencia documental” que atienda el requerimiento.
No revelan contratos
La reserva de información también ha estado presente en las solicitudes de información que buscan desbloquear contratos. Por ejemplo, una persona realizó la petición 0064102542820 al IMSS para conocer el contrato que otorgó en Hidalgo a la empresa Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V., propiedad de un hijo del comisionado federal de electricidad, Manuel Bartlett.
No obstante, al señalar que la SFP investigaba la venta de ventiladores a presunto sobreprecio, el IMSS explicó: “Entregar el expediente pudiera incidir en la decisión de las autoridades competentes, en la emisión de alguna resolución al respecto”.