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Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, el Centro Católico Multimedial (CCM) criticó esta decisión, ya que los legisladores “harán que paguen justos por pecadores”.
El órgano informativo católico resaltó que el cambio obedeció a una iniciativa de Morena que no tuvo el debido análisis, ya que no pasó al examen previo de las comisiones; con la dispensa de trámites y sin dictamen alguno, consultas o parlamentos abiertos, entró de inmediato a la discusión del pleno para ser aprobada.
“Los legisladores harán que paguen justos por pecadores. Esta rapacidad encuentra ahora un resquicio tras la crisis de Covid-19 que deja al momento, según las cifras de la Secretaría de Salud (Ssa), más de 300 mil muertos, aunque podría duplicarse, ya que se ha reconocido el exceso de mortalidad por la misma enfermedad. En este sentido, no hay reportes claros que nos indiquen el número de cuentas bancarias sin movimiento”, subrayó.
Explicó que actualmente, la disposición contenida en el artículo 61 del mencionado ordenamiento indica que las cuentas bancarias sin movimiento alguno en un periodo de tres años puedan ser tomadas en una cuenta global concentradora; si en un término similar no se registra reclamo o movimiento, entonces podrán pasar a la beneficencia pública si son menores a 50 mil pesos y, en caso de que sean mayores a tal cantidad, pasan a ser propiedad del banco.
Dijo que la reforma conserva el sentido de la disposición, la diferencia será el destino: si es mayor a 50 mil pesos, pasará a ser parte del patrimonio del gobierno federal para que realice políticas y acciones de combate a la delincuencia y, sin especificar, sólo dejaría que los recursos deban enterarse a la dependencia responsable de la seguridad pública.
Puntualizó que a consecuencia de la mala educación financiera, las cuentas de un padre o madre de familia fallecidos por Covid-19 podrían haber quedado sin la designación de un beneficiario, pero esto no implica que tales recursos están abandonados, puesto que la familia sabe de su existencia, pero no puede disponer de ellos por no haber cubierto ese sencillo requisito.
El CCM indicó que lo más inaudito es que la decisión refleje que el gobierno quiera “sacar agua hasta de las piedras”.
“La crisis de la seguridad, ahora agudizada por la perspectiva de la militarización, levanta muchas inquietudes. Fueron por los fideicomisos y se los acabaron, agarraron los fondos de salud y los agotaron (...) Ahora van por el dinero de los ahorradores. ¿Qué viene después?”, finalizó.
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