En la comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, México recibió 318 recomendaciones por parte de 115 países, que se traducen en un balance de los avances, pero también de los grandes pendientes, dijo el Colectivo EPUMx, una coalición de 200 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos humanos.
De esta manera, mientras se destacaron logros en materia social, se evidenció la persistencia de una crisis de derechos humanos, llamando a las autoridades mexicanas a tomar acciones para abordarla.
En la comparecencia, representantes del gobierno federal respondieron a las recomendaciones recibidas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo que examinó por cuarta ocasión la situación de los derechos humanos en el país y el nivel de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
De acuerdo con el referido colectivo si bien es relevante que entre las recomendaciones aceptadas el Estado reconozca desafíos en temas como la violencia contra mujeres y niñas; desapariciones forzadas; migración y desplazamiento forzado interno; la igualdad de género; independencia judicial; tortura; combate a la impunidad; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; o empresas y derechos humanos; así como para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; personas LGBTIQ+; personas con discapacidad; personas privadas de la libertad; personas periodistas y defensoras de derechos humanos; entre otros, la posición de México dejó de lado algunas de las cuestiones más apremiantes en el contexto actual.
“Lamentablemente, las recomendaciones sobre las cuales el Estado tomó nota, sin aceptarlas, abordan temas torales en materia de justicia, seguridad, migración y desplazamiento forzado interno que se encuentran en la agenda actual de discusión pública. Entre estas, destacan las referentes a la eliminación de las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo; la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno y modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes”, señaló en un comunicado.
Tampoco admitió la adopción de medidas para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad; y cuestiones relacionadas con la militarización de la seguridad pública, como el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de tareas civiles, el establecimiento de mecanismos civiles externos para la rendición de cuentas de los agentes militares en este contexto y la investigación de los casos de vigilancia de la población civil por las fuerzas de orden.
“La postura del Estado mexicano al no aceptar estas recomendaciones contrasta con sus obligaciones internacionales en derechos humanos y con la perspectiva de la comunidad internacional expresada en las mismas, así como con el diagnóstico que realizamos desde la sociedad civil”, precisó.
El Colectivo EPUMx llamó al Estado mexicano, y en particular, a la próxima administración, a considerar seriamente las recomendaciones de las que ha tomado nota en la medida que abordan temas cruciales para abordar la situación que vive el país y asumir las recomendaciones aceptadas como una guía para la adopción de políticas y programas concretos.
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