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Debido al incremento en los precios del gas LP, el gobierno federal por medio de la Secretaría de Energía (Sener), solicitará a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) establecer que se fije un precio máximo a ese combustible.
En un anteproyecto enviado a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), la Sener señaló que considera necesaria que como “directriz de emergencia para el bienestar del consumidor del gas LP”, la CRE emita esta normatividad en un plazo no mayor a tres días, que garantice el bienestar de las familias mexicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder de manera asequible al combustible básico en los hogares, como es el gas LP, y que “no fomente la riqueza de un sector de la industria a costa del daño a otro”.
“Se exhorta a la CRE a establecer una metodología que fije precios máximos al consumidor final de gas LP, considerando el establecimiento de condiciones para el acceso asequible al combustible, a un costo que prevea el desarrollo de la industria y garantice la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. Dicha normatividad tendrá la misma vigencia que la presente directriz”.
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Señaló que con esta medida se evitará el daño que sufren 99 millones 240 mil 241 habitantes que consumen gas LP para la satisfacción de sus necesidades básicas “ocasionado por la exorbitante e injustificada trasferencia de riqueza de tan solo mil 198 titulares de permisos de distribución de gas LP”.
La Secretaría de Energía señaló que el gas LP es un “combustible indispensable” para la vida de las familias mexicanas, pues indicó en la mayoría de los hogares, este producto se utiliza principalmente para preparar o cocinar alimentos y calentar el agua, por lo cual, el Estado debe asegurar un acceso asequible al energético prever niveles adecuados de precios, que si bien permitan el desarrollo del sector, garanticen el bienestar social de la comunidad y su derecho a gozar de una vida digna y decorosa.
“En ese sentido, resulta evidente que la presente directriz genera acciones para la atención de una problemática en el sector energético que repercute en una afectación social y busca garantizar el bienestar de las familias mexicanas en condiciones de justicia, paz y seguridad, que propicien la prosperidad y el desarrollo sostenible de la Nación, así como cumplir con el objetivo de preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes”, señala el documento.
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