El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, anunció que presentarán una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para que todos los concesionarios de telefonía móvil estén obligados a registrar una serie de datos mínimos de las personas que adquieran un chip o tarjeta SIM para teléfono móvil.
Al participar en la Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico contra el Secuestro, que se desarrolla en Acapulco, Guerrero, el funcionario pidió a los estados homologar prácticas y consolidar estrategias de prevención, investigación y sanción del secuestro , un delito considerado de alto impacto.
Durazo Montaño señaló que es importante ver a las organizaciones delictivas como entidades económicas, para enfocar esfuerzos en minar su capacidad operativa.
Ante los titulares de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) del país; el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), Víctor Hugo Enríquez y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, el funcionario hizo un llamado para mantener el impulso a las acciones que privilegien el uso de la inteligencia sobre la fuerza en el combate a la inseguridad .
Por otra parte, reconoció que Guerrero es una entidad en la que se ha registrado un descenso de 63% en la cifra de secuestros, y un incremento en el número de detenidos, lo que implica el desmantelamiento de organizaciones dedicadas a ese ilícito.
En su intervención, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, destacó la importancia de reforzar el trabajo en equipo y ofreció todo el apoyo de la Coordinación Nacional Antisecuestro y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a los estados, con la finalidad de obtener resultados favorables en la lucha contra ese delito.
En tanto, el coordinador nacional Antisecuestro, Víctor Hugo Enríquez, reiteró el apoyo y reforzamiento que se proporciona a las Unidades Antisecuestro de los estados, particularmente en las entidades que presentan alta incidencia del ilícito, como es el caso de Veracruz, donde desde septiembre se proporciona apoyo operativo y de inteligencia para el cumplimiento de órdenes de aprehensión, lo que ha permitido la desarticulación de 10 grupos y la liberación de 48 víctimas.
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