El actual gobierno le apostó más a las Becas Benito Juárez para estudiantes que para rehabilitar las más de 199 mil planteles de educación básica del país que enfrentan ya sea carencias de servicios básicos o falta de equipamiento, aseguran organismos civiles y especialistas en educación.
“Este sexenio queda a deber inmensamente en cuanto a inversiones que pudieron haber revertido el histórico rezago en materia de infraestructura física educativa, mantenimiento preventivo y correctivo, así como en equipamiento y conectividad”, considera Érik Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos.
Destaca que los indicadores no mienten, pues el rezago persiste y los programas que supuestamente tendrían finalidades de revertir la miseria en materia de infraestructura no demostraron la efectividad esperada.
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Menciona que “quien llegue a la Presidencia de México debe garantizar los derechos de las niñas, niños y jóvenes a estar, aprender y participar en las escuelas, las cuales deben convertirse en espacios dignos, seguros y propicios para el ejercicio pleno de las garantías constitucionales de los integrantes de la comunidad educativa”.
Precisa que ese objetivo debe comenzar por un diagnóstico fehaciente de la situación en la que se encuentra la infraestructura escolar, para diseñar la política pública, partiendo de conocer la realidad en voz de quienes verdaderamente conocen el estado que guardan las escuelas mexicanas: los estudiantes, los maestros, los alumnos y los padres de familia.
Avilés comenta también a este diario que el gobierno federal entrante debe abocarse a la realización de una consulta participativa, para que sean las necesidades más sentidas de cada comunidad escolar las que se atiendan inmediatamente, así como un diagnóstico, asegurando un presupuesto histórico para revertir la inercia negativa con la que recibirá las escuelas de la nación.
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“Por supuesto, en el marco de sus atribuciones constitucionales el gobierno entrante debe de realizar una auditoría integral forense a las acciones de este gobierno: recursos humanos, recursos financieros y obra pública deben de ser revisados de la manera más exhaustiva posible, para que se rindan cuentas respecto al manejo de las finanzas educativas en la materia”, argumenta.
Paulina Amozurrutia Navarro, fundadora y coordinadora nacional del organismo civil Educación con Rumbo (ECR), recuerda que en la pandemia de Covid-19, por la que las escuelas se mantuvieron cerradas durante 18 meses, la infraestructura educativa enfrentó una crisis debido a la rapiña que se registró en muchas de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública.
“De manera torpe, esa dependencia no previó ese tema y luego no llegó a tiempo para poder atender la rehabilitación de los planteles. Este no es un tema accesorio, es un tema fundamental de bases y piso parejo, y más que nada, se ha comprobado por evidencia que los entornos escolares con mala infraestructura y equipo, se refleja en que los alumnos logren un aprendizaje mínimo”, indica.