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Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió al gobierno federal reconsiderar la Recomendación 29/2019 de las estancias infantiles, pues dijo que los argumentos con los que fue rechazada son falaces y no tienen fundamento.
González Pérez consideró que las secretarías de Bienestar, de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el DIF emitieron al menos 13 argumentos “sin sustento” para rechazar la recomendación.
Incluso, aseveró, se trata de un acto autoritario: “Este organismo lamenta que en lugar de haber sustentado su respuesta en argumentos objetivos, apoyados en la ley, así como en elementos objetivos y verificables, hayan optado por formular una negativa basada en elementos de carácter prominentemente ideológico o político”, expresó en conferencia de prensa.
Por esta situación, advirtió, pedirá al Senado que llame a comparecer a los titulares de las cuatro dependencias que rechazaron la recomendación para que nuevamente expongan sus motivos.
“Esperamos que se replantee la postura del Poder Ejecutivo y que, honrando el compromiso que ha reiterado por los derechos humanos, actúe atendiendo el interés superior de la niñez y los derechos de madres y padres que se encuentran en una condición de vulnerabilidad”, agregó.
Rechazó que el Presidente haya desestimado la labor de la CNDH, pues dijo que la recomendación tiene el objetivo de que se respeten los derechos humanos y no desprestigiar al gobierno.
“Los pronunciamientos de este organismo nacional no buscan atacar, desprestigiar o agraviar a gobiernos, instituciones o persona alguna, lo que pretenden es lograr que los derechos humanos sean vigentes y que los actos de autoridad que los vulneran se pongan en evidencia”, destacó.
Añadió que los supuestos casos de corrupción en las estancias infantiles no son suficientes para privar a los niños de una educación de calidad en su primera infancia, así como a los padres de desarrollarse en el ámbito laboral.
“Nadie se opone a que se investiguen los casos de corrupción o las irregularidades que, eventualmente, se hayan presentado en la administración u operación de las estancias, pero tales hechos no pueden justificar que se prive a niñas y niños, madres y padres, de la posibilidad de acceder a servicios especializados, profesionales y confiables”, concluyó.
