El castigo para estos servidores públicos llegó tras el cambio de administración. Al menos cinco de ellos fueron inhabilitados, mientras que ocho fueron suspendidos o amonestados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante el primer año de este gobierno al ser acusados de “negligencia administrativa”.
En una revisión hecha a medio centenar de auditorías que practicó el OIC en Capufe entre 2013 y 2018 se encontró que diversas delegaciones adquirieron artículos y servicios que se encontraban por encima de los costos ofertados en el mercado y que en algunas plazas de cobro había trabajadores que recibían un sueldo sin que se presentaran a laborar.
En los reportes de hallazgos se lee que diversas delegaciones autorizaron pagos indebidos y se fraccionaron contratos para otorgar adjudicaciones directas y evitar licitaciones, mientras que en diversos procedimientos se omitió comparar las propuestas económicas de los licitantes.
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En diversas contrataciones se omitió realizar estudios de mercado que permitieran acreditar que las compras aseguraban las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad de los bienes adquiridos y se realizaron pagos sin autorización presupuestal.
Ojos que no ven
En la delegación regional VII Reynosa, en Tamaulipas, durante 2014 se encontraron deficiencias en la operación y administración de la línea exprés para la recaudación de los ingresos y tras un análisis de lo recaudado por concepto de peaje se determinó que la compañía de traslado de valores presentaba desfases en los depósitos de ingresos, otros no identificados y algunos más anticipados.
El OIC recomendó al entonces delegado Marcos Amaro Olivares Olvera una serie de mejoras. El funcionario continuó en el cargo tras el cambio de gobierno, y en marzo de 2019 la SFP castigó a Olivares Olvera con una simple amonestación. En julio de ese año dejó finalmente el puesto que ejercía desde 2013.
En diversas compras que se realizaron a un proveedor por concepto de venta de boletos de avión se sobrepasaba el monto establecido para las adquisiciones directas. En otro procedimiento de contratación no se llevó a cabo una investigación de mercado conforme a la ley y se autorizaron pagos indebidos.
Tras el análisis de 40 pagos realizados por servicios otorgados en los meses de marzo, abril y mayo de 2017, se encontró que 68% de ellos presentaban penalizaciones tras haberse detectado algún incumplimiento.
Se localizó un contrato que se firmó 118 días después de la fecha de adjudicación. Además, la vigencia del servicio era del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, los pagos se realizaron desde abril, cuando ese mes no se encontraba respaldado por ningún contrato, por lo que se pagó más por el servicio.
En otra auditoría de 2014, el OIC encontró que diversos contratos se otorgaron de forma directa y para ello se justificó que se trataba de un caso fortuito. Sin embargo, en el dictamen no se acredita cuál fue la causa de fuerza mayor que justificara esa adquisición.
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Tras una revisión del OIC a las adquisiciones de bienes efectuadas en 2013, las cuales se realizaron mediante invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, no se localizó en el expediente la justificación del área solicitante para la compra, la investigación de mercado, el oficio mediante el cual se invita a los proveedores ni las minutas de las juntas de aclaraciones. Los auditores también localizaron facturas que amparaban los pagos de diversos contratos que no contaban con sello de recibido por parte de la superintendencia de recursos materiales y tampoco había evidencia de quién recibía los bienes y el lugar de recepción.
“Las notas de entrada al almacén señalan a servidores públicos que no trabajan en la delegación regional X Monterrey”, quedó asentado en las observaciones de esa auditoría.
En las unidades médicas de atención ubicadas en las plazas de cobro Mesillas y Coscomate de la delegación X se encontraron bienes que se obtuvieron sin la realización de un procedimiento de adquisición: “No se realizó un estudio de mercado para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y no se contó con la autorización presupuestal para la adquisición de los bienes”, se señala en la auditoría.
Además, la adquisición de los bienes requeridos en las unidades médicas no se formalizó mediante un contrato y algunos de éstos fueron entregados en malas condiciones, estaban almacenados en bodegas o no habían sido instalados.
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Sancionados en nuevo gobierno
El 31 de enero de 2019, tras el cambio de administración, García Herbert fue amonestado por la Secretaría de la Función Pública. El 8 de abril dejó el cargo de delegado y en junio de ese año fue sancionado con una inhabilitación, según informó la autoridad vía transparencia.
En la delegación regional zona III Centro Norte de Capufe, donde despachaba Juan Cerda Ochoa, entre 2014 y 2016 el OIC encontró incumplimientos a la norma que rige las licitaciones públicas e irregularidades en una veintena de adjudicaciones directas.
En uno de los procedimientos para la adquisición de insumos de cómputo las propuestas económicas presentadas por los concursantes sobrepasaban el techo presupuestal para contratar el servicio, por lo que debió haber sido declarado como desierto el procedimiento. Además se eliminó el requisito de presentar fianza.
En el procedimiento de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo, el proveedor adjudicado presentó una propuesta económica que sobrepasaba el techo presupuestado y omitió presentar el documento de cumplimiento de obligaciones fiscales, la garantía de cumplimiento, así como cuadros comparativos de cotizaciones.
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El delegado Cerda Ochoa dejó el cargo en septiembre de 2016. Tras una serie de investigaciones del OIC, el 28 de diciembre de 2018 se le inhabilitó para ocupar cargos públicos por un periodo de seis meses al encontrarlo responsable de “negligencia administrativa”.
En la delegación regional IV, zona centro sur, a cargo de Roberto Ortega Reyes durante el sexenio anterior, los auditores encontraron pagos en exceso, incumplimientos al programa de obra, inadecuada supervisión en diversos trabajos ejecutados e irregularidades en procedimientos de licitación y adjudicación.
Según el oficio de los resultados de la auditoría dirigidos a Ortega Reyes, se admitieron proposiciones que no cumplían con lo establecido en las convocatorias de las licitaciones públicas, provocando que la delegación regional a su cargo realizara pagos de obra pública en exceso por la incorrecta integración de los precios unitarios de catálogo y por trabajos no ejecutados.
Entre las correcciones se pedía implementar mecanismos de control y supervisión, vigilar que los procesos de licitación se lleven a cabo con el objeto de obtener las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y financiamiento, y supervisar que las obras y servicios concluyeran dentro de los costos y especificaciones establecidas.
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En mayo de 2019, el delegado Ortega dejó el cargo en Capufe y meses más tarde, en octubre de ese año, fue sancionado con una simple amonestación al considerar que las acusaciones en su contra no eran graves.
En otra auditoría realizada en 2017 a las obras públicas en la Delegación Regional I, Tijuana, Zona Noroeste, se detectó que se iniciaron trabajos de forma tardía y no se sancionó al contratista por ello, y se encontraron pagos en exceso. La delegada Rosa María Castañeda Guadiana dejó el cargo en mayo de 2018 y fue sancionada apenas en junio de 2019 pasado con una amonestación.
Además de los delegados sancionados, uno de los servidores públicos a los que se le dirigió la mayor cantidad de recomendaciones fue el director de Infraestructura, Mauricio Sánchez Woodworth, por deficiencias y atrasos en la ejecución de diversas obras.
En los reportes de los auditores se consignó que se realizaron obras de mala calidad en la autopista México-Puebla, trabajos deficientes en la carpeta asfáltica de la autopista federal de cuota Gómez Palacio-Corralitos, en algunos contratos se duplicaron costos y se autorizaron pagos improcedentes por conceptos de supervisión y control de calidad.
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También se le recomendó aplicar sanciones a las empresas que incumplieron con las especificaciones en los contratos. Uno de los señalamientos se debía a la carencia de equipo de seguridad para el personal, falta de señalamiento preventivo e informativo y de lámparas de destello.
Sánchez Woodworth fue sancionado en junio del año 2019 por la Función Pública con una amonestación tras considerar que sus faltas no fueron graves.
En el listado de exfuncionarios de Capufe sancionados y que fue proporcionado por la SFP, no figura Benito Neme Sastre, quien fue titular del organismo público descentralizado durante todo el sexenio de Peña Nieto. Eso, pese a que sus más cercanos colaboradores sí han sido investigados y castigados.