Gobierno de Mancera espió a AMLO, a su familia y a Marcelo Ebrard

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De acuerdo con el reportaje “Club Mancera: el Gobierno oculto de la CDMX”, durante la administración capitalina de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), un centro de espionaje monitoreaba a ciudadanos, funcionarios, académicos y políticos, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador , su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos, así como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Según el texto periodístico de Íñigo Arredondo y Valeria Durán, el centro de espionaje se encontraba en el número 15 de la calle Manuel Máquez Sterling , en el Centro, donde se escucharon miles de minutos de conversaciones telefónicas, se espiaron redes sociales, se elaboraron estudios de seguimiento y supuestos planes de seguridad.

“Para ello contaban con 42 computadoras, drones y al menos 12 motos y 10 autos”, refiere el reportaje.

“Varios funcionarios del gobierno recuerdan que altos cargos sabían detalles de su vida privada. En reuniones con políticos, líderes sociales, candidatos o legisladores Héctor Serrano, entonces secretario de Gobierno, alardeaba de poseer información de todos ellos.

“Después de las elecciones de julio de 2018, los empleados desmantelaron el centro espía: se llevaron todo el equipo y extrajeron información en USB. Solo el día de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum se borraron 365 mil archivos”, detalla la investigación.

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Gobierno de Mancera espió a AMLO, a su familia y a Marcelo Ebrard

Foto: Google Maps

Entre otros nombres de los personajes espiados destaca el del senador Ricardo Monreal , exdelegado de Cuauhtémoc; la senadora Patricia Mercado , secretaria de Gobierno con Mancera; Olga Sánchez Cordero , secretaria de Gobernación y Marcelo Ebrard , secretario de Relaciones Exteriores.

“Según la investigación abierta en la Fiscalía, el coordinador de la casa espía de Sterling fue Gustavo Caballero, hasta entonces policía de investigación. Caballero, ingeniero en computación, había encabezado la Unidad de Investigación Cibernética en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuando Miguel Ángel Mancera era el titular de la PGJDF”, refiere el texto.

Durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno de Ciudad de México (2012-2018), el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling operó como un centro de espionaje. Desde este edificio en la colonia Centro, pagado con dinero público, se intervinieron teléfonos de civiles, funcionarios de la ciudad y políticos de Morena, entre ellos el de la actual mandataria de la capital, Claudia Sheinbaum. Andrés Manuel López Obrador también fue una de las personas vigiladas: entre los documentos en posesión de esta investigación se encuentra un estudio con fotografías e información sobre propiedades, residencias y puntos de reunión del hoy presidente de México, su esposa e hijos.

En estos documentos, parte del análisis forense informático que integra una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se detallan ejemplos de lo obtenido en el edificio entre 2016 y 2018: miles de minutos de conversaciones telefónicas y mensajes intervenidos de aplicaciones como Telegram, decenas de sábanas de llamadas y el seguimiento de 119 políticos, académicos y funcionarios públicos como la senadora Patricia Mercado —entonces secretaria de Gobierno— o el también senador y exdelegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Los documentos también muestran que la trama de espionaje comenzó, al menos, un mes y 11 días después de que Miguel Ángel Mancera asumiera como máximo responsable de la capital del país. Y que se desmanteló durante los últimos meses del sexenio.

A las preguntas de estos reporteros sobre si conocía esta operación de espionaje, la semana pasada el exjefe de Gobierno se limitó a contestar que el trabajo de las autoridades de Ciudad de México es investigar.

Según la investigación abierta en la Fiscalía, el coordinador de la casa espía de Sterling fue Gustavo Caballero, hasta entonces policía de investigación. Caballero, ingeniero en computación, había encabezado la Unidad de Investigación Cibernética en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuando Miguel Ángel Mancera era el titular de la PGJDF. En su nuevo papel, coordinaba a un equipo de al menos 30 personas en horarios de seis de la mañana a las 00:00 de lunes a viernes y de 9 a 16 horas en fines de semana. Los empleados, además de realizar las escuchas telefónicas, seguían ubicaciones y armaban supuestos planes de seguridad para la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México. Para ello contaban con al menos 42 computadoras, drones, 10 motos y 12 autos, de acuerdo con los documentos. En la entrada de Sterling 15, un edificio de tres plantas situado a pocos minutos a pie de la Procuraduría, varios policías auxiliares tomaban nota de los accesos, pero no había ningún señalamiento de que en este inmueble existieran oficinas de servidores públicos.

Desde el 16 de enero de 2013, el puesto oficial de Caballero era el de de director general de técnicas y tecnologías de la Coordinación General de Políticas de Administrativas de Planeación y Organización de la PGJDF. Su sueldo, de 94,000 pesos mensuales. Sin embargo, según tres altos funcionarios de la capital consultados para este reportaje, Caballero nunca se reportaba a la Procuraduría, sino a Héctor Serrano, secretario de Gobierno hasta 2015 y hoy diputado federal, con el que se reunía semanalmente.

Después de su renuncia el 15 de mayo de 2018, Caballero continuó visitando la casa al menos hasta octubre en su camioneta Mercedes Benz, según las actas de registros de entrada. El análisis forense informático indica que, durante las semanas previas a las elecciones de julio de 2018 hasta el 5 de diciembre, los operarios de Sterling se encargaron de eliminar miles de archivos de las 42 computadoras, así como de sacar 23 laptop HP del edificio. Por ejemplo, horas después de la toma de posesión del gobierno de Claudia Sheinbaum se borraron 365 mil archivos.

La jefa de Gobierno, por medio de su equipo de comunicación, aseguró que antes de asumir el cargo no conocía la existencia de la casa espía, pero que era “un secreto a voces” que el gobierno de Mancera espiaba a la oposición. En su respuesta a este reportaje añadió que durante la campaña sufrió “un seguimiento personal” y que una persona de confianza le advirtió de que la vigilaban de varias formas.

El 6 de diciembre del 2018, la nueva Fiscalía recibió una denuncia: se habían llevado equipo de una oficina en la calle Sterling. Cuando el personal de la Fiscalía llegó a las instalaciones encontraron un edificio desmantelado en el que estaban apenas 15 personas.

“Se veían unas instalaciones con mucho cableado de video y de cómputo sin equipos. De hecho, algunos pisos estaban ya prácticamente deshabitados. Había una o dos computadoras, que eran la parte de la Secretaría de Gobierno, porque el edificio lo compartían tanto la Fiscalía como la Secretaría de Gobierno”, dijo uno de los agentes presentes en el operativo.

El trabajo de análisis forense informático, dijo Ernestina Godoy, la fiscala de Ciudad de México, lo realizó un equipo federal porque las autoridades capitalinas desconfiaban entonces de su propia policía cibernética.

Una de las funciones principales del edificio espía era recabar información privada con fines electorales sobre López Obrador, su familia y militantes de Morena. Entre las 1,102 páginas de las carpetas en posesión de esta investigación, 271 se componen de un análisis del comportamiento electoral de este partido y resúmenes sobre la trayectoria y vínculos políticos de algunos de sus integrantes más destacados, como Marcelo Ebrard, actual canciller, y Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación. Como parte de este estudio, según la información del disco duro número 28 que se encontró en Sterling, los operarios también elaboraron fichas sobre AMLO, su familia y otros diez miembros de Morena recabando datos privados a través de herramientas del estado: credenciales de elector, registros civiles, licencias de conducir, padrones vehiculares, averiguaciones previas (si las tienen), la carpeta de servidores públicos y los registros de propiedad en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

En la ficha sobre López Obrador se menciona que posee dos departamentos en la alcaldía Coyoacán y una casa en Tlalpan. Los operarios de Sterling también elaboraron una ficha de cada uno de los tres hijos mayores de edad del presidente: Gonzalo, José Ramón y Andrés López Beltrán. En ellas se informa sobre sus roles en Morena —“Gonzalo López Beltrán, coordina Tlaxcala, 513 comités estatales”, “José Ramón López Beltrán, organiza en el Estado de México seis mil 500 comités seccionales rumbo a 2018”— y se dan detalles sobre sus inmuebles. Sobre Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, solo se informa sobre el año de casamiento y que tienen un hijo pequeño.

El resto de los miembros de Morena sobre los que se elaboraron estas fichas son: Armando Contreras Castillo, entonces presidente del consejo estatal de Morena en Oaxaca y hoy diputado federal; Bertha Luján Uranga, actual presidenta del Consejo Nacional de Morena; Carlos Candelaria López, exdiputado local del partido Encuentro Social, hoy trabajador de la cancillería; Layda Sansores, en ese entonces senadora, hoy alcaldesa de Álvaro Obregón; Martha Lucía Mícher Camarena, actual senadora; el senador Martí Batres, quien entonces era el presidente de Morena en la Cuidad de México; Pablo Moctezuma Barragán, exjefe delegacional de Azcapotzalco; Ricardo Monreal, antiguo jefe delegacional de Cuauhtémoc y hoy senador; Vidal Llerenas Morales, entonces diputado federal y ahora alcalde de Azcapotzalco; y Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena en ese momento.

Estos reporteros contactaron con el equipo de comunicación del presidente López Obrador para conocer su postura, pero no obtuvieron respuesta.

Dos funcionarios de alto rango que trabajaron al principio y al final de la administración de Mancera, cuentan la misma historia: había una sensación de que los estaban vigilando. Durante el gobierno del actual coordinador del grupo del PRD en el Senado, era común que gente de su círculo cercano abordara a los funcionarios para hablarles sobre algo que habían hecho en su día libre, una información que nadie, más allá de los protagonistas, conocía. Algunas de las fuentes consultadas para este reportaje solo accedieron a ser entrevistados después de apagar y alejar el teléfono para que las conversaciones no pudieran ser escuchadas. Las sábanas de llamadas y mensajes intervenidos almacenados en el disco duro de la computadora HP serie MXL5491GMX del edificio de Sterling a la que esta investigación ha tenido acceso, confirman sus sospechas.

A medida que avanzaba el sexenio, la información privada y la falta de intimidad se convertían en algo cotidiano. El propio Héctor Serrano, dijeron dos altos cargos de ese sexenio, instaló cámaras en su oficina y cambiaba frecuentemente de celular. Serrano, recuerdan algunos testigos que estuvieron en juntas con él en la oficina de la Secretaría de Gobierno, alardeaba en reuniones con actores políticos, líderes sociales, candidatos, legisladores o funcionarios, de poseer información de la vida de todos ellos: expedientes o capturas de pantallas de conversaciones.

Estos reporteros intentaron contactar a Héctor Serrano Cortés en los días previos a esta publicación a través de su correo institucional de diputado federal, por tres números de teléfono que diferentes fuentes aseguraron que en algún momento correspondían a su celular particular, y mediante la encargada de comunicación del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados. No se obtuvo ninguna respuesta.

En los informes a los que se tuvo acceso para este reportaje se revela cómo la trama de espionaje seguía también a otras personas de interés, como a una excontratista del gobierno local: fotos de sus propiedades tomadas con drones, entrevistas encubiertas en calle para saber cómo se mueve en una colonia, lista de propiedades, autos, etcétera.

“Con esa información los obligaba (a negociar)”, dice un exalto cargo del gobierno de la ciudad que pide el anonimato por temor a represalias. “En esos años también hubo muchos detenidos a los que nunca se les pudo demostrar nada “. Un ejemplo claro de este espionaje es el de Patricia Mercado, quien sustituyó a Serrano al frente de la Secretaría de Gobierno. Su teléfono fue intervenido durante varios meses de 2016 y 2017. Al menos 2,196 minutos de conversaciones, casi dos días enteros de grabaciones. Entre las comunicaciones intervenidas, además de algunas con sus familiares, se encuentran llamadas con Claudia Sheinbaum, el entonces procurador, Hiram Almeida, el exsecretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, el entonces director de Metro, Jorge Gaviño, o Manuel Granados, que en ese tiempo fungía como consejero jurídico.

“No tenía ninguna sospecha. Hablaba mucho por red (teléfono de la oficina) y también por celular. Siempre hay que poner atención a lo que uno habla por teléfono, pero no tengo ningún dato para decir que me estaban espiando”, explicó Mercado al ser consultada sobre estos hallazgos. Cuando se le preguntó sobre la existencia de la casa espía, la exsecretaria de Gobierno dijo: “Obviamente no tuve ninguna referencia. Yo hubiera hecho algo porque es absolutamente ilegal. Hubiera intervenido porque es un asunto de gobernabilidad. Ni siquiera sabía que había una oficina de gobierno en esa dirección”.

En el caso de Ricardo Monreal, quien en ese entonces era jefe delegacional de Cuauhtémoc, los espías escucharon información sobre los procesos electorales en Zacatecas que coordinaba desde su oficina en la calle General Prim, Ciudad de México, en 2017. Entre ellas está una llamada con el líder del PRD en Zacatecas, Arturo Ortiz Méndez, para ponerse de acuerdo en cómo operar, así como la búsqueda de apoyo para su gente. Se habla de pago de favores y manejo de recursos:

Entre otras conversaciones, destaca la que tuvo con Manuel Bartlett, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, que le reconocía su labor y liderazgo político:

Monreal confirmó que en ese tiempo había hablado en varias ocasiones con Ortiz en busca de alianzas con el PRD en Zacatecas y que con Bartlett debe haber “varias de esas llamadas” porque lo conoce bien. “No es extraño (que lo espíen)”, dijo el actual senador. “Toda mi vida he sido motivo de espionaje, fundamentalmente desde que renuncié al PRI. Ya tienen veintitantos años espiándome, lo que me resulta extraño es que fuera espiado en el gobierno perredista, cuando yo fui jefe delegacional. No estaba enterado”.

Después de su paso por Gobernación, Héctor Serrano ocuparía la titularidad de la Secretaría de Movilidad (Semovi) hasta septiembre de 2017, cuando presentó su renuncia para centrarse en las elecciones del siguiente año. Durante ese tiempo varios autos de esa dependencia visitaban el edificio de Sterling, según las actas de registro del edificio.

Su relación con Gustavo Caballero continúa hasta hoy como dos de los cuatro socios fundadores de la agencia ContraRéplica en la Ciudad de México, constituida en octubre de 2018. Otro de los socios es Miguel Cossío Ramos, al que una investigación del semanario Proceso en 2013 señaló como trabajador del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) e infiltrado en las protestas estudiantiles contra el expresidente Enrique Peña Nieto en 2012.

Gustavo Caballero renunció a su cargo oficial en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en mayo de 2018, pero según los registros de entrada y salida continúo visitando el edificio de Sterling hasta octubre de ese año. Durante los últimos meses del sexenio de Mancera, esos registros muestran cómo los empleados desmantelaron el centro de espionaje:

4 de octubre: Salió Alfonso Baltezar en un auto ibiza (6B4GK) con 23 laptop HP propiedad de la secretaría de gobierno. 2 cajas con cables. 2 monitores HP y Lenovo y 2 teclados.

El desmantelamiento se aceleró días antes de las elecciones de julio de 2018. Los empleados sacaron mesas, refrigeradores, asadores, microondas del “cuarto de tuiteros”, cajas, buró de la oficina de Caballero, cámaras, autos, productos de limpieza, sillas.

Algunas de las descripciones de los policías en el registro de entrada y salida, narran que en las oficinas sólo dejaron algunos cables.

“Había unas cuantas computadoras, un gran cableado, una infraestructura muy grande. Había un rack, que era para un servidor seguramente. Cubículo de dos por dos, con ventilación y con un cableado, para dar servicio a unas cuarenta computadoras. En el mueble había conexión a infinitum con un router innecesario”, recuerda el agente de la Fiscalía que estuvo presente en el operativo.

Cuando las autoridades llegaron al lugar encontraron 40 discos duros y cinco teléfonos con una gran cantidad de archivos borrados e información extraída en USB, según el análisis forense de las carpetas de investigación. Las 15 personas que estaban en el edificio tampoco colaboraron. “Se habían puesto de acuerdo para no dar información”, recuerda el mismo agente. Solo dijeron que después de las elecciones, les habían ofrecido un trabajo bien pagado por unos meses.

“Era un espionaje, aparentemente político, pero no era tanto así. La hipótesis que nosotros teníamos con la Secretaría de Gobierno era que también desde ahí ubicaban inmuebles, que posteriormente eran invadidos o de alguna manera… falseaban escrituras. Es una línea que seguimos investigando. Nos está ayudando la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) en toda la parte patrimonial. Debo decir que la investigación hasta el momento no ha sido exitosa”, dijo Ernestina Godoy, la fiscal de Ciudad de México.