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En un oficio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, su “conducta dilatoria” que podría constituir una acción ilegal, al no resolver dos casos por los que Hacienda reclama el pago de más de 35 mil millones de pesos a Grupo Salinas.
“La conducta dilatoria en la que incurre el área de trámite a cargo de su Presidencia, al no emitir pronunciamiento respecto de los asuntos citados, constituye una acción de ilegal protección a las conductas de defraudación fiscal de aquellos que reiterada y obscenamente han faltado a sus obligaciones contributivas por décadas, cobijados en el andamiaje y actuar del Poder Judicial de la Federación y es violatoria del artículo 17 constitucional”, se indica en el documento.
La Secretaría de Gobernación (Segob) expone su “gran preocupación” debido a la tardanza injustificada en turnar los Amparos Directos en Revisión con números 5654/2024 y 6321/2024, recibidos para su tramitación el 4 y 12 de julio pasado.
“A la fecha el área de trámite a su cargo ha sido omisa en resolver lo conducente”, dice el oficio, que el Mandatario dio a conocer en “la mañanera”, indica.
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En el documento, la Segob explica que los asuntos corresponden a créditos a favor del fisco por omisiones de contribuciones de los ejercicios fiscales 2008 y 2013, sobre los que han transcurrido más de 16 y 11 años en litigio, respectivamente.
“Además de haber cursado todas las instancias legales, que incluyen la resolución por los Tribunales Colegiados de Circuito a favor del Estado por un monto que asciende a más de 35 mil millones de pesos; recursos a los que la Federación y el pueblo de México tienen derecho a acceder y que les han sido negados por un indebido abuso de los aletargados procesos de los órganos encargados de impartir justicia, cuando por mandato constitucional deben ser prontos y expeditos”, menciona.
Gobernación recordó que fueron ya tratados por el ministro de SCJN, Luis María Aguilar, “quien demoró más de ocho meses para presentar su proyecto”, asuntos sobre los cuales finalmente se resolvió que no reunían los requisitos para ser resueltos por la Corte, por lo que se remitieron al Tribunal Colegiado de origen.
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