El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ), Luis Raúl González Pérez enfatizó en que las medidas de austeridad y la lucha contra la corrupción no deben impedir el derecho de acceso a la salud de los ciudadanos y que se requiere una estrategia integral para salvaguardar la seguridad pública y no sólo la creación de un cuerpo como la Guardia Nacional .
Este lunes, el ombudsman nacional presentó ante el Poder Ejecutivo su informe anual de labores 2017-2018, en el que expuso que durante los primeros meses de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se han adoptado medidas pertinentes para proteger los derechos humanos en el país.
“Ojalá que el respeto a la dignidad humana efectivamente encuentre un espacio y lugar dentro de las políticas, planes, programas y acciones de gobierno que se emprendan. En estos primeros meses de gestión, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que desde hace varios años nuestro país ha enfrentado en diversos rubros”, dijo.
Explicó en conferencia de prensa que el año 2018 fue un año crítico para los derechos humanos y que especialmente las violaciones a los mismos ocurrieron en el sector salud y seguridad pública.
“Es claro que el sector salud presentó serios retos y deficiencias durante 2018, sin embargo, el panorama con el que inicia 2019 no nos hace inferir que esta situación pueda revertirse en el año en curso.
“Resultan preocupantes las declaraciones que recientemente se han hecho identificando el agravamiento de la crisis que atraviesa el sector salud por la falta de recursos presupuestales, materiales y de personal derivado de las medidas de austeridad y combate a la corrupción adoptadas por el gobierno de la República.
Nadie puede oponerse a que el presupuesto público se asigne y ejerza de mejor manera así como tampoco a que los actos de corrupción se investiguen y sancionen, sin embargo, ello no puede implicar que se suspenda y se ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes así como el acceso a los tratamientos y medicinas a los que tengan derecho”, refirió.
Destacó que el panorama no es positivo tampoco en materia de seguridad pues se requiere una política de prevención más que de reacción para enfrentar la crisis en la materia que se vive en el país.
“2018 concluyó con cifras que no son favorables y el panorama que presenta el inicio de 2019 también está lejos de ser positivo a menos que se produzca un cambio radical en el enfoque y magnitud de la respuesta institucional a los problemas y necesidades de seguridad de las personas.
“La violencia feminicida, los ataques contra periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos; el notable aumento de los casos de linchamiento; la subsistencia de las desapariciones así como el agravamiento de las agresiones y homicidios en contra de personal penitenciario, policías y miembros de las fuerzas armadas son tan sólo algunos de los elementos que nos reiteran la necesidad de abordar la crisis que México enfrenta en materia de violencia e inseguridad bajo un enfoque integral sustentado en una estrategia real que priorice la prevención y no se limite al replanteamiento de un cuerpo eminentemente reactivo como lo es la Guardia Nacional así como el aumento de los delitos a los que será aplicable la prisión preventiva oficiosa”, enfatizó.
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