El gobierno federal puede enfrentar, en principio, al menos 44 litigios (nacionales e internacionales) de empresas generadoras de energías renovables eólicas y fotovoltaicas que estaban en fase de pruebas y que no pudieron entrar en operación, revelaron compañías de abogados involucrados en el tema.
Explicaron que en la medida que el acuerdo publicado el viernes en el Diario Oficial de la Federación para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional no brinde claridad a los inversionistas, el número de demandas se ampliará por la cantidad de centrales en construcción.
De hecho, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tiene registrados más de 541 solicitudes de interconexión de centrales que operarán con combustibles limpios y que pueden verse afectadas, entre ellas 17 de biogás, cuatro de biomasa, 50 de ciclo combinado, 59 de combustión interna, eólicas 65 y 186 fotovoltaicas.
Tras solicitar el anonimato y los nombres de las empresas involucradas para no entorpecer el proceso, expusieron que las demandas y juicios estarán dirigidos, en una primera instancia, al acuerdo publicado por el Cenace el 29 de abril de 2020, con motivo del reconocimiento de la epidemia por el Covid-19, que involucra a 44 plantas en etapa de pruebas, en construcción o a punto de arrancar y que tendrán que esperar, con los consecuentes aumentos en costos.
Sin embargo, dejaron claro que la decisión de suspender por un plazo indefinido la entrada de centrales de energías renovables desincentiva la inversión privada, como lo manifestaron embajadores de la Unión Europea y Canadá, lo cual dará paso a un número cada vez mayor de disputas.
Los posibles litigios provendrían en el corto y mediano plazos de 28 centrales en fase de pruebas.
En Sonora se encuentran cuatro de estos proyectos; en Coahuila, tres; en Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Puebla y Baja California, con dos cada uno, mientras que Tlaxcala, Guanajuato, Veracruz, Morelos y Ciudad de México tienen uno en lo individual.
De acuerdo con las asociaciones mexicanas de Energía Solar y Eólica (Amdee) y (Asolmex), 16 más estaban en fase de construcción y se corre el riesgo de que se suspendan los trabajos.
Explicaron que tanto el acuerdo por la pandemia del coronavirus, como la publicación que limita los espacios para las energías renovables del viernes pasado, impactan inversiones privadas por 6 mil 426 millones de dólares, 29 mil 517 empleados y la emisión mensual de más de 714 mil toneladas de dióxido de carbono que puede evitarse.
