El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, anunció que el gobierno federal busca impulsar una iniciativa legal para regular el registro de los chips de telefonía celular para combatir al crimen organizado.
En la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules 2020: Política Exterior para el Bienestar, el titular de la SSPC enumeró algunos de los temas pendientes de concretar en la estrategia de seguridad.
“Tenemos que reformular el combate a las drogas, vamos a modificar los centros penitenciarios”, apuntó Durazo Montaño.
“Siguen nuevas iniciativas legis-lativas para fortalecer el marco jurídico, por ejemplo, el registro de los chips de telefonía celular. Tenemos casos de secuestros en los que han utilizado hasta 17 celulares, uno por llamada, y lo tiran, nada más que cuando lo tiran perdemos la geolocalización que es imprescindible para actuar en contra de los criminales”, dijo.
Destacó que en lo que va de la presente administración se han impulsado varias iniciativas tendientes a mejorar la seguridad en el país, tales como la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio.
“Yo personalmente en otra circunstancia tal vez hubiese estado en contra de la iniciativa, pero en las actuales circunstancias era obligado contar con instrumentos jurídicos que nos permitieran cerrar la puerta giratoria y optimizar los resultados de los esfuerzos que estamos haciendo en el ámbito de la seguridad pública”, señaló.
Aseguró que el gobierno sentó las bases para lograr un efectivo combate al crimen organizado.
“En materia de seguridad les digo a ustedes que hemos tocado fondo, que aún y cuando la estadística no nos dé todavía totalmente la razón en la recuperación de los estándares de seguridad hemos logrado ya construir las instituciones que son imprescindibles para mejorar los resultados y en 2020 habremos de consolidar los avances. Pronto estaremos entregando a los mexicanos un país en paz y tranquilidad“, agregó.
Alfonso Durazo añadió que un ejemplo de los avances en el marco jurídico de la estrategia de seguridad es la recién aprobada Ley de Extinción de Dominio a través de la cual el gobierno puede disponer de los bienes que les son asegurados a las personas que detiene en el marco de la lucha al crimen.
Enfatizó que la posibilidad de utilizar esos bienes no se trata de una decisión que emane del Poder Ejecutivo, sino de un procedimiento judicial, es decir, la decreta un juez, y reconoció que los afectados pueden impugnar conforme a lo establecido en la ley.
Ante el cuerpo diplomático de nuestro país, el responsable de la política de seguridad destacó como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad las acciones implementadas para combatir la corrupción, así como la consolidación de la Guardia Nacional para brindar seguridad en el país.
Alfonso Durazo aseguró que la vertiente fundamental de la estrategia de seguridad es el combate a la corrupción, ya que “no puede haber seguridad en un país que combate al crimen organizado con el propio crimen uniformado”.
Aseveró que en esta administración no se permitirá que los servidores públicos estén vinculados con organizaciones criminales.
Refirió que en el proceso de maduración de la Guardia Nacional, que en febrero de 2019 inició su proceso legislativo, en su primer año alcanzará los 92 mil elementos. Agregó que en este año se reclutarán 21 mil 170 elementos para llegar al 2021 con 150 mil.
En ese sentido, resaltó la capacitación y profesionalización de los integrantes de la Guardia Nacional con énfasis en materias como la defensa de los derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y perspectiva de género.
