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Esta semana, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista interpondrán una serie de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un intento por revertir la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos.
Los mandatarios consideraron que las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República para desaparecer dichos fondos, son inconstitucionales; y que los alcances de las modificaciones legales son incalculables tanto en los daños que representará como en la cantidad de personas afectadas.
El viernes pasado, acordaron que será esta semana cuando presenten sus demandas ante la Corte para controvertir dicha extinción.
“Nuestras controversias constitucionales son en defensa de todos, porque los alcances de esta reforma son incalculables en daño y afectados. Nadie se salvará del tsunami de su devastación”, señalaron ayer en un comunicado de prensa.
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“La extinción de fideicomisos viola principios y preceptos constitucionales a granel y presupuestos públicos asignados y en ejercicio; desquicia por igual haciendas públicas y patrimonios privados. Priva de futuro a incontables mexicanos”.
El primer objetivo de la estrategia legal será que la Corte ordene suspender la concentración de los recursos provenientes de los 109 fideicomisos, que equivalen a más de 68 mil millones de pesos en la Tesorería de la Federación, hasta que se resuelva el fondo de la controversia.
El segundo será conseguir una declaratoria de inconstitucionalidad ante las reformas que extinguen los fideicomisos y las deje sin efectos.
Los estados interpondrán sus controversias a través de los equipos jurídicos de cada uno de los integrantes de la Alianza Federalista en lo que, explicaron, se constituyó como dos niveles de impugnación: por la violación de los principios y preceptos de la Constitución; y para invalidar la extinción de cada uno de los 109 fideicomisos, “haciendo valer las afectaciones particulares y contextualizadas de cada estado”.
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Al señalar que las reformas que extinguen los fideicomisos confiscan derechos adquiridos, truncan proyectos públicos y privados, además de condenar “indiscriminadamente al desamparo”, también concentran recursos anteriormente etiquetados y auditados a un manejo discrecional y opaco.
“Maquiavelo (el filósofo italiano) le llamó el arcana imperi, el imperio del secreto”, compararon.
“La defensa de los fideicomisos no es sólo para beneficio de nuestras entidades, sino para todos aquellos entes públicos y privados que serán severamente afectados si no se logra detener esta inconstitucionalidad”.
En el documento que fue distribuido ayer, el Secretariado Técnico de la Alianza destacó que la emprendida por los mandatarios no es la única ruta de acción posible contra la extinción de los fideicomisos; esperó que los partidos de oposición en el Senado y la Cámara de Diputados emprendan acciones similares.
“Seguramente se emprenderán acciones de inconstitucionalidad por parte de fracciones parlamentarias del propio Congreso de la Unión y la vía de amparo al alcance de todo aquel que vea afectados sus derechos por la desaparición de fondos públicos, como, por ejemplo, los damnificados sin el cobijo del FONDEN”.
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