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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la SCJN que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional exponiéndolos a la corrupción y a la violencia.
Por medio de un comunicado, firmado por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y Consejera Jurídica de la Presidencia María Estela Ríos, el gobierno federal fijó su postura sobre el proyecto del ministro de la SCJN Luis María Aguilar Morales que declara inconstitucional la prisión preventiva.
El proyecto señala que esto no significa que deje de existir dicha figura, sino que ya no podrá aplicarse en automático y será el juez quien podrá imponerla “según las peculiaridades del caso”.
El gobierno federal pidió al máximo tribunal del país que al momento de resolver este proyecto considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la FGR.
“En consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”.
En sus argumentos el gobierno federal expuso que es “fundamental” la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.
Esto en consideración que, en muchas ocasiones, “detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas”.
“Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad”.
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