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La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que impugnarán la decisión de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió propaganda gubernamental durante las pasadas campañas y vulneró los principios de imparcialidad y equidad en tres conferencias matutinas.
Al presentar un informe al titular del Ejecutivo en la reunión del gabinete de seguridad, que por primera vez fue abierta a los medios de comunicación, la funcionaria dijo que junto con la Consejería Jurídica preparan la impugnación.
Alcalde explicó que la Sala Especializada resolvió que tanto el Mandatario, el titular del Cepropie y otros servidores públicos de Comunicación Social de Presidencia vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad por las manifestaciones de las mañaneras del 20, 21, 24 de mayo.
“Por haber hecho referencia a temas de infraestructura en salud, minería, reducción de la pobreza, exaltando logros de la actual administración en un periodo no apto para la difusión”.
La secretaria expresó que la autoridad consideró que no hubo beneficio indebido por parte de la entonces candidata Claudia Sheinbaum y de los partidos políticos de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM).
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Alcalde informó que el jueves en comisiones de la Cámara de Diputados se aprobaron las primeras cuatro reformas, del paquete de 20, que el Ejecutivo presentó el 5 de febrero.
Entre ellas la relacionada con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, en materia de vivienda, incremento al salario por encima de la inflación y elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Sobre la reforma para elevar a rango constitucional el derecho de los trabajadores de recibir una pensión al igual que su último salario, la consejera jurídica, María Estela Ríos, destacó que su avance en comisiones es muy importante.
Recordó que una minoría de legisladores interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de esa ley; entonces, al elevarse a categoría constitucional, esa acción de inconstitucionalidad quedaría sin efecto.
Alcalde explicó que se tiene programado que el 9 de agosto se discutan la iniciativa sobre pueblos indígenas y afromexicanos, así como la relacionada con el agua y su acceso preferentemente para consumo humano y doméstico.
El 13 de este mes están programadas las iniciativas de prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, extorsión y fentanilo.
“Para el 14 de agosto la de industria eléctrica, internet y empresas estratégicas del Estado; el 15 de agosto, Guardia Nacional y finalmente, el 22, la del Poder Judicial”.
De acuerdo con los tiempos, se espera sean aprobadas por el pleno de la próxima Legislatura y, en su caso, pasar al Senado.
