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El director de la Cooperativa La Cruz Azul , Guillermo Álvarez Cuevas , y cuatro de sus colaboradores son buscados por la justicia mexicana, luego de que ayer un juez federal con sede en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, giró órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Álvarez Cuevas, Mario Sánchez, director Financiero de la cooperativa; Eduardo Borrell, director Jurídico; Víctor Garcés, exdirector Jurídico, y Ángel Martín Junquera, abogado externo, entre otros, de organizarse para disponer de manera ilegal de recursos de la cementera durante seis años.
De acuerdo con las investigaciones, entre 2011 y 2017 los imputados operaron una estructura en la que autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes a Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), tales como Plexival S.A. de C.V., Trans Nau S.A. de C.V., Expertos en Asesoría Empresarial S.A. de C.V., sin contar con facultades de representación de la sociedad cooperativa, con las que pretendían ocultar el destino de los recursos.
Desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones irregulares de dicho grupo por 422 millones de pesos, pero la FGR logró acreditar irregularidades por sólo 114 millones de pesos, desde 2011.
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Las investigaciones apuntan a que el abogado externo de la cooperativa, Ángel Martín Junquera Sepúlveda, se encargaba de diseñar y coordinar el esquema para el desvío de los recursos económicos de la cementera, bajo las EFOS.
En el escrito 3/190/2020, con el que solicitó la captura, la Fiscalía General de la República afirma que ocho testigos, varios de ellos con cargos administrativos, fueron clave para detectar las operaciones presuntamente ilícitas del también presidente del club de futbol Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, y sus colaboradores, quienes le habrían ayudado a ocultar millones de pesos de la cooperativa y dar una apariencia de que se dispusieron de manera legal.
De encontrarse culpable de los delitos que se le acusan, Guillermo Álvarez Cuevas, considerado cabeza del grupo, podría alcanzar de 20 a 40 años de prisión sólo por el delito de delincuencia organizada; los demás investigados, de 10 a 20 años de cárcel.
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Álvarez Cuevas y sus cómplices por los delitos referidos.
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En junio pasado, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene una investigación en contra de Álvarez Cuevas por el lavado internacional de activos.
El vocero de la cooperativa, Jorge Hernández, aseguró que Álvarez Cuevas no ha sido detenido y que ayer realizó sus labores de manera normal en sus oficinas, en las que encabezó varias reuniones.
“Hablé hace rato [en la tarde] con el licenciado Álvarez, él estuvo toda la mañana en su oficina y no tenemos ningún tipo de notificación al respecto”, dijo en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.
Incluso, señaló que el equipo jurídico revisa las informaciones difundidas sobre la orden de aprehensión que se giró en contra del empresario. “El área jurídica revisa a qué obedece, cuáles son las imputaciones y evidentemente cómo se enfrentarían éstas”.
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Según las investigaciones, la fiscalía tiene en la mira a diversos directivos más de la cooperativa y a personas allegadas, como Noé Calvo Morales, Benito Rodríguez Fayad, Pablo Reséndiz García, Mario Cruz Valverde, Ignacio López Medina, Pedro Espinoza, Jorge Fernández Rodríguez, Raúl Antonio Enríquez, Germán Díaz, y a empresas y accionistas que pudieron haber sido parte de estos esquemas.
