Personal de la Guardia Nacional (GN) golpeó en repetidas ocasiones a una persona e incluso le provocó lesiones con un arma punzocortante para obtener una confesión, en la comunidad Xulha, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Comandancia de esa corporación de seguridad.
Una queja presentada el 4 de noviembre de 2022 ante la CNDH señaló que una persona del sexo masculino se encontraba a bordo de su motocicleta en la mencionada localidad, cuando se aproximó una camioneta de la GN cuyos tripulantes lo interrogaron y subieron a la unidad donde lo golpearon.
Al llegar a un sitio despoblado, lo bajaron a la fuerza, continuaron interrogándolo, golpeándolo, y le hicieron cortes con una navaja en diversas zonas del cuerpo, además de amenazarlo con quitarle la vida.
Posteriormente, dos elementos de esa corporación lo desnudaron mientras que otro lo golpeó con una tabla, además de provocarle asfixia. Acto seguido, los oficiales de la Guardia Nacional se retiraron, por lo cual la víctima caminó hasta la carretera federal más próxima donde unas personas conocidas lo auxiliaron.
En un comunicado, la CNDH precisó que con las pruebas que obran en el expediente de queja, se acreditaron las violaciones graves a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal por actos de tortura que cometieron los agentes federales, quienes interrogaron y sometieron a diversos maltratos a la víctima para de obtener una confesión.
En la respuesta enviada por la Guardia Nacional a la solicitud de información de la CNDH, constan los informes rendidos por cuatro personas servidoras públicas de los que se desprende que tal como lo señaló la víctima, fue sometida y subida a un vehículo oficial para trasladarla a un lugar despoblado donde la interrogaron mediante golpes y le causaron lesiones con un arma punzocortante, con lo cual se acreditaron los elementos constitutivos de la tortura, previstos en la legislación nacional e internacional: intencionalidad, sufrimiento severo y finalidad.
Ante los hechos descritos, la Comisión Nacional solicitó a la Comandancia de la Guardia Nacional inscribir a la persona afectada en el Registro Nacional de Víctimas y colaborar en el trámite necesario para que ésta pueda ejercer su derecho a que se le repare inmediata e integralmente el daño causado y se le otorgue una compensación, así como atención psicológica, médica y de rehabilitación.
También deberá colaborar con la autoridad investigadora en el seguimiento de las carpetas de investigación iniciadas por los actos registrados en la Recomendación y en el Procedimiento Administrativo abierto ante la Unidad de Asuntos Internos de la corporación en contra de los elementos señalados como responsables. Y, finalmente, tendrá que instruir el desarrollo de un programa de capacitación en materia derechos humanos, enfocado en prevenir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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