El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) chocó con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, al señalar que el Ejército Mexicano se niega a proporcionar toda su información de inteligencia relacionada con el caso.
Durante la presentación del tercer informe de su investigación, previo a que este viernes concluye su periodo, pero solicitarán un mes de prórroga, los expertos cuestionaron la débil judicialización del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam y lamentaron la actuación del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Ángela Buitrago, integrante del GIEI, manifestó que el Ejército tenía información detallada desde un principio de todo lo que ocurrió durante y después de la desaparición de los 43 jóvenes, pero les fue negado el acceso a la información.
“Seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia porque es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar Zona Norte, en Iguala”, resaltó Buitrago acompañada por los integrantes del GIEI Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, además de los padres de los normalistas.
En una conferencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que duró dos horas, explicó que este punto es fundamental porque incluso por escrito les han negado la existencia de ese centro regional en 2014: “Nos dicen que nace en el año 2015, lo cual ya sabemos que no es cierto”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes solicitó las investigaciones que se hubieran adelantado en el fuero militar en ocasión de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y la respuesta a este requerimiento fue que no se había adelantado ninguna; sin embargo, el GIEI cuenta con información de que sí se había realizado una averiguación por las autoridades militares.
Con respecto a la renuncia de Omar Gómez Trejo y de varios fiscales de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Buitrago señaló que podría retrasar entre tres y cinco años las investigaciones.
Expuso que la salida de estos fiscales podría generar incluso que se dejen elementos probatorios contra quienes participaron en la “verdad histórica”, como sucedió con el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien permanece preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México.
“La salida de un fiscal que conoce un caso, de los fiscales que conocen los casos, retrasan entre tres y cinco años [las pesquisas], el mismo periodo en que se demoró conocer el expediente, la investigación.
“Hay que tener mucho cuidado porque precisamente la pérdida de este conocimiento de los fiscales hace inclusive que se dejen por fuera, como sucedió en la imputación de Murillo Karam, elementos probatorios muy fuertes”, refirió.
La experta advirtió que esto puede tener dos lecturas, “nosotros no nos anticipamos a la especulación, pero desde este punto de vista significa que la salida de los fiscales va a generar una consecuencia negativa y ya la está generando en el tema del conocimiento de los casos, del tema de la información y, sobre todo, del manejo de lo que hay dentro de los casos”.
Los especialistas solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar por qué se le pidió a un juez cancelar 21 órdenes de aprehensión contra probables implicados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“La solicitud de las 83 órdenes fue con fundamento en el análisis de la investigación… los ministerios públicos decidieron tener en cuenta toda esa información. Lo que es incomprensible es un fiscal que no conoce del asunto, que no sabe por qué están consignados.
“La consignación y el ejercicio de la acción son más de 600 folios, a los que nunca tuvo acceso el fiscal que solicitó la revocatoria. Nunca, nunca supo por qué tenía que quitar”, expresó Buitrago.
Abundó que es inexistente la relación del GIEI con Gertz Manero. “No nos ha recibido, sino una sola vez al principio de nuestra relación, no nos ha querido contestar específicamente ni de manera directa la segunda petición sobre la reunión en particular”, sostuvo.
Los expertos también comentaron que tuvieron acceso a documentos que contienen conversaciones producto de intervenciones telefónicas por parte del Ejército a integrantes del crimen organizado a través del sistema Pegasus. En su intervención, Beristain afirmó que algunos de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, estuvieron vivos hasta el 4 de octubre de ese año.
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