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El fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, acusó que heredó una institución —antes PGR— en una “anarquía administrativa”, con un despilfarro en gastos, rezago injustificado de más de 300 mil investigaciones y un descontrol en el uso y estado de la flota aérea y terrestre.
Tras estar tres meses fuera de la escena pública, Gertz Manero reapareció ayer para dar un informe acerca de los primeros 100 días de su gestión, en los que realizó un diagnóstico de la FGR e implementó diversas acciones para combatir el rezago ministerial y eficientar los recursos y el funcionamiento administrativo.
En la sede de la FGR, el funcionario aseguró que había un desorden en las denuncias o querellas que se presentaban, porque cada unidad recibía los casos que quería o le convenían, sin orden ni verificación.
Incluso, reveló que encontró “asignaciones desproporcionadas e ilógicas, como mil casos para una sola persona, hasta numerosos ministerios públicos que no tenían asignada ninguna carpeta o averiguación”.
Según los resultados del diagnóstico realizado, las sentencias definitivas obtenidas por el Ministerio Público Federal (MPF) no alcanzan más de 5% del volumen total de los asuntos tramitados.
Además, expuso, no había un sistema para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo cual generó un rezago por parte de la Policía Federal Ministerial (PFM) de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en la misma situación.
Respecto a la estructura administrativa, Gertz Manero mencionó que estaba en “evidente anarquía”, con escasez de personal en las áreas de atención y un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, así como plazas eventuales y contratos por honorarios, con elevados sueldos. “No había ningún control del gasto corriente autorizado, el cual se aplicaba en forma anárquica y con un despilfarro evidente en gastos no justificados o inútiles, tanto en viáticos como en servicios de apoyo, contratos de mantenimiento, talleres de reparación y gastos diversos no justificados”, sostuvo.
El fiscal dijo que la flota aérea de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se utilizaba en forma irracional, en actividades impropias, con altos costos por seguros, salarios y mantenimiento. Reveló que recibió 35 helicópteros y 17 aviones, cuya flotilla se redujo 74%, conservando sólo las aeronaves necesarias para las operaciones sustantivas, y “cancelando todas las unidades de lujo, que no son adecuadas para las operaciones de la fiscalía”.
Indicó que la gestión federal pasada realizó compras multimillonarias de aeronaves, sin justificar su necesidad ni su costo-beneficio, como la adquisición de un avión Bombardier Challenger 605 transcontinental, con un precio de 19.5 millones de dólares, mientras que el costo real de comercialización era de 15.5 millones de dólares.
Asimismo, agregó el funcionario, entre 2013 y 2015 se invirtieron más de mil millones de pesos en la compra, mantenimiento, capacitación y seguros de aeronaves no tripuladas (drones), mediante contratos por adjudicación directa, sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos.
Gertz Manero señaló que los gastos de seguridad pública se aplicaron en forma irracional y sospechosa, puesto que en ocasiones se erogaron más de 144 millones de pesos en una sola área que no había ejercido durante años.
El fiscal afirmó que para atender el rezago de las más de 300 mil investigaciones ministeriales y para resolver las 30 mil nuevas denuncias presentadas en los últimos 100 días, se realizó un análisis de cargas de trabajo y resultados en las áreas sustantivas del MPF.
