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El senador Germán Martínez (Morena) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito de amicus curiae (amigo de la Corte) mediante el cual pide se declare inconstitucional la denominada Ley Bonilla.
En su escrito, el legislador expuso que la ley aprobada en julio pasado en Baja California, que amplía el periodo de mandato del próximo gobernador, de dos a cinco años, vulnera la Constitución mexicana y violenta los derechos humanos.
“Son un atropello —expuso— a la soberanía y a la dignidad cívica de las bajacalifornianas y bajacalifornianos”. El pasado jueves, el gobierno de Baja California publicó en su Periódico Oficial del Estado el decreto mediante el cual se modificó la Constitución estatal para que el próxima administración, que encabezará Jaime Bonilla, tenga un periodo de cinco años y no de dos, como se estableció en 2014.
Para el pasado viernes, los partidos de oposición a Morena, que son Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI) promovieron, por separado, acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y el lunes anterior el gobierno de Baja California hizo lo propio.
Ayer, Martínez Cázares presentó a la SCJN un escrito en calidad de amicus curiae para proporcionar elementos a los magistrados, que demuestren que la reforma constitucional en Baja California, relativa a la ampliación del mandato del gobernador electo, vulnera la Constitución mexicana.
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Justificó que la misma Constitución federal señala que el Senado de la República es y debe ser garante del respeto, protección y promoción de los ciudadanos de Baja California a elegir a sus autoridades en las condiciones de certeza y regularidad que exige un régimen de gobierno democrático, mismo que, consideró, se ha puesto en riesgo en aquel estado del norte del país.
“En efecto, las reformas bajacalifornianas en comento buscan negar la periodicidad cierta, alterar la legalidad vigente, poner en riesgo el régimen interior de su mandato, alterar el pacto federal igualitario para las entidades federativas y pervertir el espíritu fundacional del derecho humano a decidir libre y ordenadamente al gobierno.
“Baja California —agregó el legislador— no puede ser experimento político ni ensayo electoral, ni es la isla de legalidad, que se sustrae elásticamente de nuestra ley fundamental”.
Añadió que lo sucedido en Baja California, con relación a la ampliación del mandato del gobernador constituye una violación flagrante al Estado de derecho y a los derechos humanos, en especial a los político-electorales consagrados en la Constitución federal, así como en los tratados internacionales en la materia, suscritos por el Estado.
Vulneran tratados suscritos por México. Martínez señaló que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Carta Democrática Interamericana, que son instrumentos internacionales suscritos por México, se ven vulnerados por las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de Baja California, relativas a la ampliación del mandato del gobernador electo de esa entidad.
Recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la temporalidad del próximo mandato en el Ejecutivo de Baja California debe ser de dos años.
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“La reforma a la Constitución local de Baja California, que amplía el mandato del gobernador, viola la garantía de acceso al poder y vulnera su ejercicio al ser ilegal y contraria al Estado de derecho, vulnerando la separación e independencia de los poderes públicos, toda vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había emitido con anterioridad una sentencia mediante la cual determinó la improcedencia de la prolongación del mandato”, dijo.
Acusan que consulta fue ilegal. Germán Martínez se refirió, también , a la consulta popular que se llevó a cabo el 13 de octubre pasado. Ésta, mencionó, fue ilegal y violatoria de los derechos humanos.
Detalló que resulta cuestionable la legitimidad de la misma a partir de que participaron solamente 53 mil ciudadanos, el equivalente a 1.9% del electorado del estado, y de éstos, 84.25% votaron por un mandato de cinco años.
“Es decir, que sólo poco más de 1% de la población de Baja California apoya la ampliación del mandato”, cuestionó.
El legislador morenista pidió que se resuelva inconstitucional la modificación que se hizo la Constitución de Baja California, a fin de ampliar el próximo mandato de gobierno a cinco años, por resultar inconstitucional y contraria a los tratados internacionales de los derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte.
