Los foros que la Cámara de Diputados organizó para difundir las reformas constitucionales del expresidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente la reforma judicial, costaron 136 millones 770 mil pesos.
Lo anterior supera en 61% el ahorro generado por la desaparición de los órganos autónomos recién aprobada, que de acuerdo con el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), será de 84 millones de pesos.
El costo de los foros quedó establecido en cuatro acuerdos aprobados por el Comité de Administración del recinto legislativo de San Lázaro durante la 65 Legislatura, que entonces era presidido por el diputado de Morena Armando Contreras Castillo.
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El primero de ellos autoriza el gasto de 5 millones de pesos para la organización de los “diálogos nacionales para la presentación, análisis y debate de las reformas constitucionales presentadas por el Poder Ejecutivo Federal”, que se realizaron del 21 de febrero al 15 de abril a nivel federal, estatal y regional, en los estados de Durango, San Luis Potosí, Puebla, Yucatán, Estado de México y Ciudad de México.
“Se prevé que estos diálogos se verifiquen como un trabajo en conferencia con el Senado de la República, que permitirá analizar conjuntamente con los presidentes de los Congresos estatales el contenido y alcance de cada una de las iniciativas”, señala el acuerdo que fue firmado desde el pasado 6 de febrero.
El mismo día se aprobó otra partida por 99 millones de pesos para la difusión de la convocatoria, del contenido y resultado de los foros.
“Adicionalmente se requiere llevar a cabo por parte de la Cámara de Diputados una estrategia de comunicación integral que permita, en primer lugar, difundir ampliamente la convocatoria para el fomento de la participación de la ciudadanía en general, de los “Diálogos nacionales para la presentación, análisis y debate de las Reformas Constitucionales presentadas por el Ejecutivo Federal”, puntualiza el oficio.
Con esos fondos, se ordenó elaborar materiales diversos como videos, publicaciones impresas, carteleras fijas y publimuros “localizados en zonas estratégicas de diferentes entidades federativas”.
Además, se determinó la transmisión de los materiales antes señalados en medios electrónicos, tales como pantallas situadas en puntos con gran afluencia, terminales de autobuses, estaciones de transporte público, centros comerciales y otros edificios, en instalaciones y puntos de espera “en los que el impacto visual permita el conocimiento de la opinión pública de los mensajes”, expuso la autorización.
Para la realización de ese trabajo se contrató a continuación a las empresas Medios Cattri, S.A. de C.V.; Publishing New Gadgets, S.A. de C.V.; Comercial 2610, S.A. de R.L. de C.V.; Sonwich Global, S.A. de C.V., y Marketing Global Jingle, S.A. de C.V., que además fueron determinadas por dicho comité a través de una adjudicación directa, sin que hubiera licitación de por medio.
Concluidos esos foros, Morena impulsó la realización de una segunda ronda de diálogos nacionales, pero esta vez, ceñidos a la reforma judicial.
Fue así que el 21 de junio el Comité de Administración aprobó otros dos acuerdos más, uno de ellos por 500 mil pesos.
“Este Comité de Administración autoriza recursos hasta por un monto de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), mismos que podrán ser erogados en bienes y servicios relacionados con la logística, organización y ejecución de los Diálogos Nacionales para la discusión de las reformas constitucionales al Poder Judicial, considerando entre otras actividades las de impresión de materiales, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, equipo audiovisual, alimentación, transportación, hospedaje y cualquier otro necesario para la correcta ejecución de los eventos referidos”, indicó el comité.
El mismo día se avaló un cuarto acuerdo por 32 millones 270 mil pesos para una campaña de difusión en torno a los foros que se desarrollaron los días 27 de junio en la Cámara de Diputados, 1 de julio en Jalisco, 2 de julio en Toluca, 9 de julio en Chiapas, 12 de julio en Veracruz, 23 de julio en Puebla, 30 de julio en la Cámara Baja, 6 de agosto en Saltillo, y 8 de agosto en Sinaloa.
“Se autorizan recursos relacionados con la logística, organización y ejecución de los Diálogos Nacionales para la discusión de las reformas constitucionales al Poder Judicial, considerando entre otras actividades, las de impresión de materiales, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, equipo audiovisual, alimentación, transportación, hospedaje y cualquier otro necesario para la correcta ejecución de los eventos referidos”, precisa el acuerdo.
Los 32 millones 270 mil pesos se utilizaron para la elaboración de guiones, dirección y producción de videos de difusión; elaboración de contenidos y diseño gráfico para materiales de difusión y proyección de videos, entre otras actividades, labor que quedó a cargo de las empresas Marketing Global Jingle, SA. de CV., así como la empresa Asesoría y Servicios Baradam, S.A. de C.V.
Los costos superan en 61% a los ahorros generados por la extinción de los órganos autónomos, de acuerdo con un análisis del CEFP, solicitado por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, previo al debate del proyecto y que Morena evitó hacer público.
En el estudio, el centro advirtió que los ahorros que se alcanzarían rondan los 84 millones 69 mil 666 pesos anuales, divididos de la siguiente forma: En el IFT se ahorrarían 20 millones 646 mil pesos por seis plazas de comisionados; en el Inai, 11 millones 536 mil pesos por seis plazas de comisionados; en la CRE, 15 millones 805 mil pesos por seis plazas de comisionados; en la CNDH, 15 millones 805 mil pesos por seis plazas de comisionados, y en la Cofece 20 millones 274 mil pesos, que en total suman ahorros por 84 millones 69 mil 666 pesos.
Lo anterior, debido a que la reforma establece que una vez transferidas las funciones de cada organismo a dependencias federales, “el presupuesto de operación se debe mantener, así como el de los salarios y las plazas de los trabajadores”.
Los foros organizados por Morena incluyeron la participación de más de 300 ponentes. En las conclusiones se aseguró que los resultados “serán insumo de la deliberación, paso previo al debate” legislativo.