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El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya no se encuentra en territorio mexicano.
Dos días antes (28 de septiembre) de entregar la gubernatura al morenista Américo Villareal, el panista salió del país y se cree que está en Estados Unidos, nación de la que es ciudadano, informaron fuentes migratorias.
Sin embargo, la defensa legal del exmandatario aseguró que su cliente está de vacaciones en su rancho.
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El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja informó que el pasado martes un juez de control giró una nueva orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A la par, señaló, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió alerta migratoria para evitar la fuga o la sustracción de la justicia del panista, a petición de la Fiscalía General de la República.
Buscan emitir ficha roja para búsqueda del exmandatario
Fuentes federales comentaron que ya se iniciaron los trámites ante la Interpol para la emisión de la ficha roja para la búsqueda y localización del exmandatario tamaulipeco en más de 120 países.
Esta mañana en Palacio Nacional, Mejía Berdeja afirmó que las investigaciones en contra de García Cabeza de Vaca datan de 2018, previo al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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“Son diferentes pesquisas que se realizaron y finalmente se interpone una primer denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de esta persona por el delito de lavado de dinero, por la simulación de compraventa de un departamento y en consecuencia el Juez de control gira una primera orden de aprehensión en su contra”.
Cabe recordar que García Cabeza de Vaca promovió una demanda de amparo indirecto contra la primera orden de aprehensión, misma que el Juzgado Octavo en Tamaulipas le concedió.
Y, en paralelo, el Congreso de Tamaulipas promovió dos controversias constitucionales mismas que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara, resolvió que era inválida la orden de aprehensión, toda vez que el exgobernador contada todavía con fuero constitucional.
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