Pese a la orden de aprehensión girada contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca , no hay razón para que el Senado de la República declare la desaparición de poderes en esa entidad, aclaró el presidente de la Mesa Directiva de la Calara Alta, Eduardo Ramírez.
Dijo que para que ello ocurra, “tendrían que estar vinculados a proceso tanto los diputados locales como el titular del poder legislativo local, así como los magistrados del Tribunal de Justicia de Tamaulipas. En este momento no existe una hipótesis de esta naturaleza o por lo menos pruebas que nos lleven hacia un vacío de poderes, y entonces sí el Senado tendría que declarar la ausencia y nombrar un gobierno provisional”.
También remarcó que el Congreso local es el que tiene que designar a un gobernador sustituto, pues “son sus facultades y está en la esfera de su competencia. La intervención de otro poder sería inconstitucional y sería sobre todo una invasión de esferas”.
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Ante las diversas interpretaciones que se han dado al juicio de procedencia y la controversia que desechó la Suprema Corte de Justicia, el senador Ramírez sostuvo que el fuero del gobernador solo le sirve en ese estado, por lo que puede ser detenido en cuanto salga de territorio tamaulipeco. “Él goza de ese beneficio que le otorga su Constitución local, inmersos dentro del Pacto Federal, pero no así en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En entrevista, aseguró que la orden de aprehensión girada a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Cabeza de Vaca , solo tiene validez fuera de Tamaulipas.
“El Congreso local, puede quitarle o no esa investidura de fuero constitucional local que tiene su ejecutivo. Pero eso no dista de que si hay delitos federales, que en este caso el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía General de la República, tenga delitos fehacientes, puede solicitar la orden de aprehensión, porque se trata, inmerso dentro del Pacto Federal, y eso no le da lugar a violar o a cometer delitos federales en los que no se le pueda sancionar por la conducta ilegal en que incurra”.
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El legislador de Morena consideró que si un gobernador comete un delito federal, es juzgado conforme a las normas federales, “y entonces ahí es donde opera la solicitud de procedencia”. Incluso sostuvo que para el gobierno de la República, en términos del Pacto Federal, no podría ya ni siquiera tener recursos públicos la entidad, es decir: ‘no te reconocemos, no estás como gobernador constitucional’ (…) toda vez que ya existe un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados”.
El presidente del Senado y de la Comisión Permanente conminó a las autoridades impartidores de justicia y a los investigadores de los delitos a “que actuemos con mucha sensatez. El país no está como para incendiarlo. Hay que actuar con sensatez política y hay que actuar con mucha responsabilidad, sobre todo aquellos órganos que son los representantes de la sociedad, como es el caso del Ministerio Público, como es el caso de la Fiscalía General de la República, que asuma y se conduzca con la autonomía por la que fue creada”.
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