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El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca , acudió esta tarde a la Cámara de Diputados para que le notifiquen sobre la solicitud de desafuero que hay en su contra y que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Secretaría General del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Este martes, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la FGR, presentó ante la Cámara Baja la solicitud de desafuero del actual gobernador de Tamaulipas.
De acuerdo con el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, este martes se recibió la solicitud de declaración de procedencia o desafuero por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
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En una tarjeta informativa, la secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, informó a Mier Velazco de la solicitud de declaración de procedencia y mencionó que el licenciado Ancelmo Mauro Jiménez titular; la licenciada Karina Jazmín Durán Martínez, fiscal; así como Elizabeth Alcantar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, todos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la FGR, presentaron esta querella.
En una tarjeta informativa se describe que hace unos meses, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, y derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y pudieron acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
Esta empresa habría recibido los recursos, a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.
ed
