Frente a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha generado incertidumbre a nivel nacional en torno a la oferta de energéticos, el gobierno mexicano decidió garantizar primero el abasto interno, afirmó ayer la titular de la Secretaría de Energía (SE), Rocío Nahle García.
“Se observa una ansiedad y una incertidumbre en la oferta de los energéticos, sobre todo en Europa y Asia, lo que provoca una volatilidad en el mercado mundial. Nosotros, como país productor de petróleo, gas y electricidad, hemos tomado la decisión de garantizar primero el abastecimiento interno”, puntualizó durante la clausura del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica.
La funcionaria explicó que al gobierno federal no sólo le ha tocado lidiar con los resultados de una reforma eléctrica “implementada en un mercado abierto, sin control, ni protección”, también ha tenido que operar ante una pandemia que desplomó los precios del petróleo, a lo que se suma el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Ante dicho escenario, continuó, todas las naciones están actuando con cautela y tomando acciones proteccionistas.
“El cambio en el entorno mundial es un hecho y nosotros, desde el inicio de esta administración, estamos actuando con la responsabilidad y la política energética para asegurar nuestra producción y generación a precios justos y razonables.
“Hoy la situación mundial nos empuja a actuar rápido, a dar resultados y, sobre todo, a ver por nuestro territorio primero para poder ofrecer ayuda a los de afuera”, insistió.
La secretaria sostuvo que por ese motivo esta administración ha defendido con todo a la soberanía energética del país, lo que les ha costado más de mil 700 amparos por parte de empresas privadas.
Explicó que, antes de presentar la propuesta que está a debate, el gobierno de México modificó los lineamientos para la adquisición de certificados de energías limpias, publicó el acuerdo de la política de confiabilidad del sistema eléctrico e impulsó la aprobación de una reforma para facultar a la Secretaría de Energía a otorgar o revocar permisos de generación. Todas esas estrategias, acusó, han sido impugnadas.
“La Secretaría de Energía y los órganos desconcentrados y autónomos de este sector hemos recibido más de mil 700 amparos en esta materia, todo ello conforme lo otorga la ley.
“Sin embargo, dicha situación ha colocado en grave riesgo el sistema, emitiendo centenas de alarmas diarias al sistema de distribución, y eso técnicamente coloca en un alto riesgo el suministro confiable y seguro”, puntualizó Nahle.
La funcionaria federal sostuvo que los resultados de la reforma energética de 2013 no han sido positivos para los mexicanos ni para la empresa productiva del Estado.
Además, denunció que el modelo actual ha llevado a que las tarifas se eleven, a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga una alta carga impositiva, “y que esté sometida a intereses fácticos antes de ver por el interés nacional”.
Acusó que, derivado de los acuerdos vigentes, en los últimos tres años se tuvo que autorizar la entrada de 6 mil 300 megawatts de energía intermitente, así como 7 mil 500 megawatts de nueva infraestructura de privados, producto de permisos entregados anteriormente por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En ese sentido, Nahle explicó que actualmente la red eléctrica demanda como máximo hasta 50 mil megawatts, pero la CRE ha dado permiso hasta por 130 mil, casi tres veces más de lo que demanda la red.
Puntualizó que el litio es indispensable para la transición en el futuro: “Somos de los pocos países que contamos con reservas de este mineral. El Estado podrá aprovechar las bondades económicas que su explotación y desarrollo ofrece”.