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La eventual desaparición o fusión de órganos autónomos con secretarías y dependencias del gobierno federal, como lo impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, significaría un atentado contra la democracia con visos de concentración de poder, denunciaron especialistas.
María Marván, excomisionada presidenta del antiguo Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), dijo que la intención del presidente López Obrador de integrar el Inai a la Secretaría de la Función Pública representa un retroceso en los avances democráticos que ha habido en el país en dos décadas.
La también excomisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, precisó que la iniciativa del Presidente no es sencilla y menos en el caso del Inai, pues fusionarlo con Función Pública no es viable porque no tendría las atribuciones que dieron origen al organismo autónomo y no puede instruir a otros organismos a entregar información.
Mauricio Merino, coordinador general de la organización civil Nosotrxs, indicó que la intención del Mandatario federal es pura demagogia, pues intenta eliminar a los organismos autónomos como el Inai cuando podría echar mano de otras estrategias.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que en democracia, la austeridad es necesaria, pero la concentración de poder no. De manera que hay que revisar con cuidado qué tanto de austeridad y eficiencia hay en dicha propuesta, y qué tanto de concentración de poder en la Presidencia de la República.
La directora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), Lourdes Morales Canales, subrayó que en el caso del Inai es un organismo políticamente incómodo para los poderes, pues los órganos autónomos son mecanismos de control y añadió que desde hace 30 años inició la pugna por defender el derecho de acceso a la información y la desaparición del órgano garante significa un retroceso democrático ganado a lo largo de décadas.
Respecto a la eventual fusión del IFT, Fernanda Ballesteros, coordinadora del Área de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, consideró que es una “muy mala idea” que el Presidente anexe el IFT a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya que esto contraviene con acuerdos internacionales y se beneficiará a grandes empresarios.
Issa Luna, académica de la UNAM e integrante del Grupo Oaxaca —pionero en la lucha por la aprobación de la primera ley de transparencia—, expuso que el Presidente no conoce la función del Inai y eso es un error de su parte, además olvida que el derecho a saber es una garantía.
Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), consideró que la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), como lo planteó el presidente López Obrador, dejaría en vulnerabilidad a los menores de edad.
Explicó que el Sipinna no tiene la misma función que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pues esta última dependencia federal tiene un perfil asistencialista que protege a menores desamparados, mientras la secretaría ejecutiva vigila y participa en la creación de políticas públicas en favor de la niñez.
Por último, Francisco Varela Sandoval, director de Instituciones y Gobernanza en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), opinó que la integración del IFT a la SCT es una "buena idea política", porque la población ha respaldado el proyecto de austeridad del Presidente, pero es una “mala idea” económica porque terminaría afectando a toda la población.
El experto enumeró los beneficios que los mexicanos han tenido a raíz de la creación del IFT: las tarifas de telefonía han disminuido 44 por ciento desde el 2013, hay 80 millones de personas con acceso a internet, los paquetes de telefonía ofrecen cada vez más servicios, no hay cobros a larga distancia, los mensajes y llamadas pueden ser ilimitados.
Varela Sandoval señaló que la institución antecesora del IFT formó parte de la SCT, pero "vimos que eso no sirvió, justamente se sacó de ahí para que no estuviera sujeto a las consideraciones políticas de cada administración, las decisiones en el mercado de comunicaciones deben ser técnicas y sobre todo (la SCT) no puede ser juez y parte, un órgano autónomo le da imparcialidad a las decisiones”.
