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horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
La Secretaría de la Función Pública y su titular, Irma Eréndira Sandoval, informaron que cuentan con plenas atribuciones legales para evolucionar y verificar las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, presentes y pasados, de la Administración Pública Federal.
En una tarjeta informativa, la Función Pública dijo que las declaraciones patrimoniales solamente podrán cumplir su propósito de prevenir y detectar posibles actos de corrupción si se someten a un proceso de verificación rigurosa, de acuerdo con los más altos criterios técnicos y siempre de acuerdo con la más estricta legalidad y reserva de la información.
“El efectivo seguimiento de la evolución patrimonial de absolutamente todos los funcionarios públicos, sin filias ni fobias, es una columna vertebral del nuevo régimen de rendición de cuentas que hoy se construye desde la Secretaría de la Función Pública”, describió en la tarjeta informativa.
Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que el gobierno Federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el ex presidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del ex presidente Peña Nieto y dicha instrucción se extiende a su ex esposa Angélica Rivera Hurtado; sus hijos: Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro Peña Díaz (hijo menor del ex presidente priísta).
Sobre esto, la Función Pública explicó que para garantizar el correcto desarrollo de los análisis de evolución patrimonial, dicha institución no divulga información sobre estos procedimientos, los cuales se realizan de manera objetiva y sin prejuzgar.
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“El análisis del contenido de las declaraciones patrimoniales de un servidor público no significa una acusación en su contra, ni implica alguna presunción con respecto a la comisión de alguna irregularidad”.
Además, explicó que desde el inicio de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la Función Pública ha desplegado una intensa actividad para cumplir con sus funciones legales de prevenir la corrupción y abatir la impunidad.
“Desde el 1º de diciembre de 2018 a la fecha, abrió 133 expedientes de evolución patrimonial, en contraste con los 58 que se iniciaron durante los primeros 11 meses de 2018, último tramo de la administración anterior. Así que las solicitudes de información vinculadas con estos procedimientos no son extraordinarias, sino una regla del continuo trabajo para vigilar el buen desempeño de los servidores públicos en áreas estratégicas.
“Asimismo, desde el inicio de la actual administración se han iniciado 449 investigaciones por posibles faltas administrativas, una cifra casi 6 veces mayor si se compara con las 74 iniciadas de enero a noviembre de 2018”.
Este viernes, EL UNIVERSAL también informó que de manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas -de manera detallada- del actual diputado federal del PRI, Luis Enrique Miranda , y quien fuera secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto; y su esposa, Alma Laura Saldaña Farach.
