La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha tenido graves deficiencias en su labor fundamental de garantizar que la administración pública cumpla sus objetivos y produzca los resultados esperados; pese a ello, el Congreso aprobó una reforma para darle más responsabilidades y convertirla en una “supersecretaría”, al permitirle consolidar las contrataciones y compras de bienes, tarea que hasta ahora correspondía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Desde el inicio de esta administración (2018) a la fecha, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha auditado a la SFP en ocho ocasiones, y le ha realizado un total de 95 observaciones por deficiencias diversas, entre ellas, que en 2019 las autoridades de la dependencia, a cargo de Roberto Salcedo Aquino, negaron el acceso a los auditores a sus instalaciones y archivos, y también se negaron a comparecer ante la ASF.
La Auditoría Superior de la Federación ha denunciado el rechazo de la SFP a entregar expedientes por presuntas anomalías en declaraciones patrimoniales; reportó carencias de mecanismos de control para comprobar el cumplimiento cabal de las declaraciones patrimoniales y, por consecuencia, no dio seguimiento a posibles prácticas de corrupción.
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Denunció asmismo que la SFP fue facultada para profesionalizar a los servidores públicos y para operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera y en ambos casos “no hubo resultados satisfactorios”.
Con esa lista de deficiencias en sus obligaciones centrales, la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ya fue avalada en la Cámara de Diputados y el Senado y está a la espera de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que implica su entrada en vigor.
Fiscalizaciones
En 2019, la Auditoría Superior de la Federación publicó cinco fiscalizaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2018. En la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-0- 27100-21-0089-2019, el órgano fiscalizador constató fallas en la implementación de la estrategia de contraloría social, “ya que se identificaron 10 mil 947 comités de contraloría social duplicados, de los 179 mil 493 comités registrados como constituidos”.
En otro de los informes se fiscalizó el desempeño e impacto de los libros blancos de la administración pública federal: “De la revisión del contenido y calidad de los 207 libros se pudo observar que 100% mostró deficiencias en su integración y elaboración”.
Entre las carencias destaca información incompleta en los libros, y falta de datos sobre el avance en el cumplimiento de las metas y objetivos de las dependencias: “La Secretaría de la Función Pública no cumplió su mandato de coordinar, dar seguimiento y supervisar el proceso de elaboración e integración de los libros blancos, ya que no contó con mecanismos de seguimiento y supervisión, para asegurar el correcto cumplimiento del proceso, por lo que no contribuyó a la integración de la información que coadyuvara a facilitar la toma de decisiones y la rendición de cuentas clara y efectiva”.
En las auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de 2019, la ASF comprobó que la Función Pública no logró homologar el trabajo y las metas de los Órganos de Vigilancia y Control (OVC). “Tampoco fue posible que la SFP acreditara cómo mejoró el control interno para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y las metas de las dependencias y entidades de la APF, ni de qué manera focalizó los actos de auditoría en las áreas proclives a irregularidades administrativas e ilícitos en la gestión pública”.
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En una de las fiscalizaciones al Órgano Interno de Control (OIC) de la Función Pública, la Auditoría Superior reportó que “la SFP mostró resistencias al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF”.
De igual forma, que hubo negativa para entregar la información de un expediente de investigación integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, “argumentando que no contaba con dicha información e impidió que el equipo auditor realizara entrevistas complementarias, argumentando la suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria de la pandemia por Covid-19.
“De lo anterior se concluye que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”, detalla la auditoría 2019-0-27100-21-0077-2020.
Otra de las auditorías revela que la SFP careció de mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, lo que se reflejó en irregularidades en más de 23 mil casos, principalmente por discrepancias en la información presentada. “Todo ello en detrimento de la obligación de contar con información íntegra, veraz y de calidad que le permitiera desempeñar sus funciones como responsable de recibir, registrar, controlar e investigar las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la APF”.
La auditoría denunció que durante el ejercicio 2019, la SFP sólo practicó 92 investigaciones de evolución patrimonial de los servidores públicos, que representaron 0.02% del total de las declaraciones patrimoniales presentadas (575 mil 834). Otra deficiencia que advirtió sobre la labor de la SFP es que la dependencia no aplicó de manera correcta los recursos públicos destinados a la formación de profesionales de la administración pública, a pesar de que para esa tarea se ejercieron 60 millones 590 mil pesos.
En la vigilancia a la operación del Servicio Profesional de Carrera, “la SFP presentó serias deficiencias que impidieron la consolidación del sistema”.
“Al final de 2019, la administración pública federal contaba con un millón 395 mil 858 plazas, donde se observó que de ese universo de trabajadores, las dependencias sujetas al Servicio Profesional de Carrera eran de menos de 1% (0.9%)”, detalló el órgano fiscalizador.
En las auditorías a la Cuenta Pública 2021, la ASF comprobó deficiencia en la labor de la SFP respecto de la designación de los “testigos sociales”, que son personas pertenecientes a organizaciones no gubernamentales que participan en los procedimientos de licitación y contratación en la administración pública federal para asegurar las mejores condiciones de compra.
Indicó que las áreas de mejora deben establecer criterios para determinar el número de integrantes del padrón y disponer de mecanismos para asegurar el cumplimiento de los requisitos de acreditación, entre otras.