Roberto Salcedo Aquino, titular de la Función Pública (SFP), reveló que 19 empresas que prestan el servicio de laboratorio clínico y banco de sangre en el sector salud en el llamado “Cártel de la Sangre” incurrieron en actos de corrupción, por lo que, indicó que ya se iniciaron procesos en su contra.
En conferencia de prensa del presidente López Obrador, el secretario detalló que a seis de las 19 empresa acusadas de corrupción incurrieron en prácticas monopólicas y, debido a esto, la SFP impuso sanciones a 13 de las 19 empresas, que consistieron en 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en procedimientos públicos de citatorios y multas que alcanzan los 2 mil millones de pesos.
“De las 121 empresas que prestan el servicio, 102 han actuado conforme a la ley, tanto en el proceso de contratación como en la prestación del servicio; las restantes 19 empresas han incurrido en actos de colusión, principalmente en contrataciones anteriores al actual administración al haber realizado acuerdos con objeto de repartirse ilícitamente las contrataciones mediante la omisión de información durante las licitaciones a fin de que resultara ganadora, la o las empresas que habían acordado.
“Además, seis de las 19 empresas incurrieron en prácticas monopólicas. Como consecuencia de lo anterior, la SFP ha impuesto sanciones a 13 de las 19 empresas. Estas sanciones consistieron en 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en procedimientos públicos licitatorios y multas que alcanzan casi los 2 mil millones de pesos”, dijo.
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En Palacio Nacional, detalló que de las otras seis empresas están en curso 23 investigaciones sobre su actuación, mientras que, de las 24 sanciones por inhabilitación y multa, ocho se encuentran firmes y 16 están en proceso porque interpusieron procesos de defensa como amparos y otras tácticas dilatorias para impedir que la sanciones cobren plena vigencia.
Aclaró que, por ese motivo, las empresas señaladas de corrupción pueden seguir participando en procedimientos de contratación, pues no es legal impedirlo.
“Se tiene dudas razonables sobre algunas empresas que para eludir las sanciones utilizan filiales y/o el cambio de su razón social, a fin de continuar en el mercado y en las contrataciones públicas sin que sea posible limitar su participación.
Indicó que, para contrarrestar esta situación, la Secretaría de la Función Pública revisa la documentación de los licitantes a fin de verificar si existe alguna situación anómala o de simulación que permita a los inhabilitados participar en licitaciones.
El pasado 8 de julio, EL UNIVERSAL reveló que pese a estar inhabilitadas por siete años para obtener contratos de la administración pública federal, un grupo de empresas del sector médico y farmacéutico están participando en el proceso de varias licitaciones para distintos servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con denuncias de jefes de las áreas médica y administrativa.
Con información de Alberto Morales
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