Autoridades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizaron el taller sobre ciudadanización del combate a la corrupción para personal del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para que los servidores públicos actúen con transparencia en todas las áreas donde se desempeñan.
Al inaugurarlo, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros señaló que la tarea más preciada de la SFP es asegurar que el combate a la corrupción sirva para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En el acto virtual, dónde también participó el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar , llamó a las y los servidores públicos de ese organismo a cumplir en tiempo y forma con la obligación constitucional de presentar su declaración patrimonial y de intereses.
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“El momento histórico que estamos viviendo por la pandemia por Covid-19 es muy fuerte, y necesitamos mucho trabajo conjunto, una reorganización y replanteamiento de cómo concebimos las políticas públicas, en particular la de salud, que está a cargo del Insabi, así como las políticas fiscalizadoras y anticorrupción que están a cargo de la Función Pública”, manifestó.
Sandoval Ballesteros recordó que la prioridad de esta administración es acabar con la corrupción, por ello es importante la realización de talleres como el que se desarrolló al personal del Insabi.
"Con el apoyo de las y los servidores públicos del Insabi se logrará concretar este esfuerzo, con esta campaña de auspicio a la transparencia, denuncia cívica y combate a la corrupción, lo que contribuirá a la prevalencia del interés público por sobre cualquier interés privado", expresó.
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La secretaria agregó que aunado a ello, con las compras consolidadas para el sector Salud , se han generado ahorros, y refirió que la Función Pública ha dado acompañamiento desde el inicio de la creación del Insabi, al que se busca proteger aún más con la participación cívica y la transparencia.
“Estamos comprometidos desde la Función Pública a acabar con el dispendio y el despilfarro, que llevará a la reducción del gasto superfluo para destinarlo al cumplimiento de los derechos humanos fundamentales”, apuntó.
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