La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aprobada por el Legislativo esta semana, no sólo generó dudas en cómo será el control administrativo y operativo de la corporación.

Especialistas alertan que la Guardia quedará también dotada de una especie de fuero castrense o militar que hará que los 118 mil elementos ya no sean juzgados por jueces civiles, sino por juzgados militares, además de que hay riesgo de un aumento en la opacidad en las solicitudes de transparencia, al ser rechazadas bajo el argumento de que son de seguridad nacional.

El jurista Ignacio Morales Lechuga manifiesta que la actitud del gobierno al presentar esta iniciativa no solamente es violatoria de la Constitución, sino que también están buscando el fuero castrense o militar, que sea el que de alguna manera acompañe el desempeño de la Guardia Nacional, un blindaje que favorece la opacidad, impunidad, los excesos y arbitrariedades en contra de los ciudadanos, opina.

“Perdemos espacio, garantías y derechos que de alguna manera sentíamos que ya los teníamos, ahora se restringen […] en el hecho de que la GN sea una parte del Ejército falta la cereza del pastel que es el fuero militar”, expresa el exprocurador.

La académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Catalina Pérez Correa, señala que en lugar de estar sujetos al régimen disciplinario de la GN, los miembros de la corporación van a quedar sujetos al fuero militar, lo que implica cierta impunidad para que los elementos ya no lleguen a la justicia civil.

Abunda que se está creando un régimen de justicia paralelo al régimen civil, algo que la Constitución prohíbe: “La Constitución dice: ‘no existen tribunales especiales, excepto el fuero de militar’, y ahora no solamente vamos a tener todo el Ejército, también a los miembros de la GN”.

Destaca que no solamente se está ensanchando el personal de la Sedena, también los tribunales de justicia militar, de los que se sabe muy poco, como el presupuesto que necesitan, y que además tienen muchas acusaciones de ser injustos con los propios elementos del Ejército, dice.

Señala que habrá más opacidad, porque todas las acciones que se están haciendo a partir del apoyo de las Fuerzas Armadas se están considerando un tema de seguridad nacional.

Comenta que últimamente han requerido información de las Fuerzas Armadas, por transparencia, y no dan respuesta por la razón anterior.

En este sentido, Luis Carlos Sánchez, también experto de Causa en Común, dice que la Sedena, con la reforma presidencial, se consolidará como la “supersecretaría” con un uso discrecional de recursos, asumiendo funciones y presupuestos de la Marina y prácticamente desmantelando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Asevera que los elementos que provienen de las Fuerzas Armadas gozarán con la reforma presidencial del llamado fuero militar, es decir, cuando cometan delitos, excesos, violaciones a derechos humanos, no serán juzgados por jueces civiles, sino por tribunales castrenses, con toda la opacidad que ello implica.

Yuriria Rodríguez, especialista en seguridad, cuestiona: “¿Cómo vamos a juzgar a los elementos en casos de un abuso en materia de derechos civiles y derechos humanos? Va a ser un problema por la vía civil o castrense”.

La especialista añade que no hay un apartado que hable al respecto de este tema, lo que entonces se presta a no sólo a la opacidad, sino a una decisión política donde algunos de los efectivos pueden ser arbitrariamente juzgados.

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