El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, informó que se propuso una prórroga hasta el 31 de diciembre próximo para que los burócratas del país presenten su declaración patrimonial, en lo que afirmó no habrá sanciones ni persecución, porque los servidores públicos no son delincuentes.
Ayala Almeida dijo que, en caso de presentarse la ampliación, habría asesoría para quienes estén obligados, pues subrayó que no todos deberán hacerlo en virtud de que hay quienes tienen salarios muy bajos, por lo que les pidió estar tranquilos.
Al ser cuestionado sobre si habría persecución o sanciones a quien no presente su declaración ante la inquietud y temor de trabajadores, sobre todo, los que ganan menos, respondió que “de ninguna manera corren riesgos, no habrá sanción alguna, ni la pérdida de su empleo. Esto lo aclaro y lo afirmo, estamos en defensa total, no se trata de ninguna manera de encontrar sanciones.
Añadió que se trata de una colaboración, de una coadyuvancia con el gobierno federal y de la Ciudad de México que ya (este último) se manifestó hoy en su gaceta oficial dando extensión hasta el 31 de diciembre “y estaremos cuidadosos de que aquí no exista la presión, sino voluntad de todos los trabajadores, con la orientación. Estamos obligados a llevar a cabo esto de parte de los 82 sindicatos que se integran en la FSTSE”.
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Joel Ayala informó que habrá diversas reuniones para la capacitación de los trabajadores, a quienes comprometió: “Tengan la plena seguridad de que no cederemos a ninguna acción que vaya por imposiciones, menos permitir situaciones que lastimen las condiciones de los trabajadores. Este será un proceso consensuado y progresivo”.
El dirigente sindical dio a conocer que en junio próximo presentarán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una petición de incremento salarial y en las prestaciones sociales, así como la basificación (en sus plazas) de miles de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México”. Esto, “porque alrededor del 60% carece de seguridad social y por ahora sólo existe una caja de ahorro para brindarles seguridad social integral”.
Insistió en que el proceso de declaración será gradual, pues también se considera el hecho de que no todos cuentan con las herramientas como internet o equipo de cómputo. Es decir, continuó, que no están preparados, de ahí la coadyuvancia con los gobiernos federal y de la Ciudad de México, con pleno respeto a los derechos de los trabajadores establecidos en la ley.
lsm
