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Académicos y constitucionalistas coincidieron en que sería “fácil”, desde el punto de vista técnico, impugnar y echar abajo el memorándum del presidente Andrés Manuel López Obrador para suspender la reforma educativa de 2013, puesto que, sostuvieron, no tiene fundamento jurídico. El titular del Ejecutivo ordenó, en los hechos, derogar la reforma educativa de 2013.
El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, tuiteó que el artículo 16 constitucional dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado, motivado y ser emitido por una autoridad competente.
El memorándum del Presidente “es autorreferente”, dijo.
“Acabo de leer el memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autorreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”, consideró.
Especialistas en Derecho Constitucional explicaron que los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que la ley les ordena o permite, y es por ello que deben fundamentar sus actos de autoridad en la Constitución o en las leyes vigentes.
Raúl Mejía Garza, exsecretario de Estudio y Cuenta de la SCJN e investigador asociado del CIDE, explicó que, al no ser un instrumento de gobierno del Ejecutivo, técnicamente es fácil impugnarlo; políticamente es difícil, porque se requiere que los afectados directos de dicha orden inicien una controversia constitucional: los estados, el Poder Legislativo, con 50% de diputados o senadores, y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
“El cómo impugnar es muy simple. El problema es encontrar quién tiene una afectación o interés legítimo. En lo técnico está fácil, en lo político es complicado”, dijo.
Francisco Burgoa, catedrático de Derecho Constitucional en la UNAM, explicó que una ley no se puede derogar por la vía administrativa y que para que fuera válida la instrucción del Presidente se tendría que formular una reforma constitucional al artículo tercero. Mientras tanto, y por lo legal, lo que sigue vigente es la reforma de 2013.
“El documento carece de validez jurídica, no tiene ningún sustento. El Presidente pide que no se cumpla la ley. Hasta que el Congreso no apruebe la reforma para derogar la reforma educativa sigue siendo un derecho constitucional vigente.
“Entendemos la razón del Presidente, pero desde el punto de vista jurídico carece de validez. Si una autoridad, sea la que sea, no funda ni motiva su acto, éste va a ser fácilmente impugnable”, dijo.
Alma Maldonado, investigadora educativa del Cinvestav, consideró que a falta de sustento jurídico, el memo es “una tomadura de pelo”. “Este memorándum es una ocurrencia y quisiéramos saber quién asesoró al Presidente. Está reconociendo que su gobierno no pudo impulsar una reforma que parecía más o menos amarrada y consensuada”.
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Roberto Rodríguez, agregó: “Está en manos de la Coordinadora y lo que en general significa es establecer un Estado de excepción educativa, porque está usando facultades de excepción. Significa que la CNTE dobló al Estado, lo subyugó”.
Para Eduardo Backhoff Escudero, expresidente del INEE, el Presidente le dio a la CNTE un aire que no tenía y revivió esta fuerza opositora, pero no le está dando lo que más quiere: el control de las plazas, porque lo mantendrá la SEP.
“Todo será negociado con ellos y cualquier cambio tendrá que ser por ellos. No importa si afectan a terceros. La CNTE tiene un interlocutor fuerte. Es un retroceso porque los sindicatos deben dedicarse a defender los derechos laborales”.
