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Organizaciones no gubernamentales por los derechos de los migrantes señalan que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), busca diluir su responsabilidad en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez tras proponer una “solución alterna” al juez a cargo del caso.
Así lo informaron a través de un comunicado donde Yesenia Valdez, abogada de algunos sobrevivientes del incendio, apunta que esta vía legal “es una forma de obtener la absolución sin que las investigaciones y el resultado de éstas le finquen responsabilidad penal alguna por el atroz hecho” ocurrido el pasado 27 de marzo donde 40 migrantes murieron y otros 27 resultaron lesionados de gravedad.
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“A diferencia de los otros 10 imputados en el caso -9 de ellos funcionarios públicos-, acusados de homicidio y lesiones, Garduño tiene la opción de acceder a la solución alterna porque el delito que se le imputó: ‘ejercicio ilícito del servicio público’, es un delito considerado no grave, razón por la cual también es el único involucrado del caso que enfrenta el proceso en libertad.
“Como organizaciones acompañantes de las víctimas nos alarma que un funcionario de alto rango quiera evadir de esta manera la justicia, pues de concederse la ‘solución alterna’ quedaría libre de investigaciones y sus respectivas responsabilidades, aún cuando la investigación continúa en curso y no se han concluido las periciales y dictaminaciones pertinentes, tanto para cuantificar la magnitud del daño que sufrieron las víctimas, como para determinar si Garduño es responsable por otros delitos de mayor gravedad”, expuso Fundación Para la Justicia en el documento difundido.
El organismo civil aseguró que las implicaciones de que se le conceda a Francisco Garduño el uso de esta vía legal que, permite a las personas imputadas terminar el proceso penal en su contra mediante un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, son relevantes pues significan dejarlo impune.
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“Las implicaciones de que se le conceda a Garduño la “solución alterna” es de gran relevancia social, pues implica dejar impunes los hechos que fueron calificados como graves violaciones a derechos humanos, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Además, nos preocupa que la investigación penal se enfoque en investigar y sancionar a las personas migrantes y no a los altos mandos del INM, quienes ejecutan las políticas migratorias de detención y privación ilegal y arbitraria de la libertad, políticas que tienen como consecuencia, en muchos de los casos, la muerte de personas migrantes”, manifestó la ONG.
Fundación Para la Justicia recordó que la audiencia donde el juez de control, Victor Mario Hernández, determinará si acepta o no la “solución alterna”, se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre y hasta entonces las organizaciones acompañantes del caso no dejarán de señalar la responsabilidad del comisionado por los graves hechos ocurridos y otros antecedentes similares en el INM.
Acusan omisión de Yuriria Rodríguez, titular de la CEAV
Por otra parte, los organismos indicaron que Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es cómplice de la “omisión y silencio” en el caso pues ha cancelado en tres ocasiones su asistencia a la Cámara Alta para dar seguimiento a la tragedia.
“Tampoco queremos dejar de señalar que Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV,) ha cancelado en tres ocasiones a las y los senadores que integran el Grupo de Trabajo Plural de seguimiento al incendio en la estancia migratoria, además de ignorar las solicitudes de reunión con la representación jurídica de las víctimas.
“Su inasistencia a estas sesiones y su silencio frente a las solicitudes de las víctimas manda un mensaje claro de omisión y silencio en el caso de las 82 personas migrantes víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez (40 fallecidos, 27 lesionados y 15 mujeres sobrevivientes)”, denunciaron.
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