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Un golpe de mazo tronó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): fin del debate. La reforma al Poder Judicial de la Federación está vigente y sin cambios.
Aunque en el Alto Tribunal no se celebran ni se aplauden sus decisiones, el fallo es un triunfo para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien desde campaña pidió el voto masivo para llevar a cabo lo planteado por su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sesión histórica y extenuante. Por siete horas —con una de receso— el debate se caracterizó por ríspidos reclamos entre los ministros “antireforma” y el grupo minoritario en favor de los cambios hechos por el Congreso de la Unión.
La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, abrió la sesión recordando que cualquier decisión estaría en los libros de historia del país y será revisada escrupulosamente por la sociedad, la comunidad jurídica nacional e internacional y por generaciones futuras.
La ministra Lenia Batres Guadarrama recordó por qué llegaron a este momento: el activismo judicial que invalidó 398 leyes de 2019 a 2023, por incumplir el precepto de que ningún servidor público gane más que el Presidente y por los 14 fideicomisos —con más de 24 mil millones de pesos— que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Pero sobre todo, dijo, “se ha mantenido una política de tolerancia a conductas como el nepotismo y la impunidad al interior del Poder Judicial. Se han emitido además suspensiones provisionales y definitivas con fines absolutamente políticos”. Con mesura, el ministro Luis María Aguilar Morales criticó que se alzara la voz “como un mitin” para imponer ideas en vez de argumentos. Le respondió que si se invalidaron leyes del Ejecutivo era porque estaban “mal hechas, en este y en cualquier sexenio”. Defendió el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en el sentido de que corresponde a la Corte revisar que la Carta Magna “sea congruente consigo misma y al artículo 135, que se haya cumplido con el proceso para poder hacerlo”.
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Cuando se discutía la legitimación de los partidos políticos para presentar acciones de inconstitucionalidad, el ministro Alberto Pérez Dayán rompió con el bloque contra la reforma. Con un block en las manos, leyó lo que podría ser el epitafio de las acciones de inconstitucionalidad y del proyecto de González Alcántara Carrancá.
“La aquí analizada [acción de inconstitucionalidad] es (...) total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería (...) responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”. Su voto en contra fue decisivo.
Tras sus palabras vinieron caras largas y miradas de pesimismo entre los ministros. Pérez Dayán sumó su negativa a la de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Cuatro votos suficientes para considerar la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad y declarar el sobreseimiento de los recursos presentados.
Antes, la ministra Yasmín Esquivel Mossa reclamó que los ministros Norma Piña, Javier Laynez, Mario Pardo y Luis María Aguilar hayan cambiado su criterio, porque en 2016 habían determinado que los reclamos a reformas o adiciones a la Constitución eran improcedentes.
Piña Hernández buscó como último recurso invocar la mayoría calificada —apoyándose en la misma reforma judicial que requería seis votos, pero en un pleno con nueve ministros— para declarar la inconstitucionalidad de una reforma.
“Obviamente, si se requieren ocho votos para invalidar una ley, con mayor razón si se pretendiera invalidar la Constitución, esa es mi opinión, y además la integración de 11 evidentemente tiene que ser con ocho votos para invalidar”, atajó la ministra Yasmín Esquivel.
Así se determinó que la mayoría calificada sería de ocho votos y, con ellos, queda intacta la reforma del expresidente López Obrador en una decisión que marca un antes y un después en el Poder Judicial.
