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Tras declarar el fin de la verdad histórica en el caso Ayotzinapa, el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció que solicitó a un juez federal 46 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de Guerrero implicados en la desaparición de los 43 normalistas, por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Además, señaló que este fin de semana podrían pedir otras más contra servidores públicos de diversos niveles involucrados en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
“Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la desaparecida Procuraduría General de la República [PGR]”, puntualizó.
Tras la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder de Guerreros Unidos, considerado pieza clave en el caso, Gertz Manero precisó que las órdenes de captura referidas se suman a las ya obtenidas en marzo de este año contra varios funcionarios de la PGR, entre ellos el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien huyó de México y ya es buscado por la Interpol en más de 190 países, para enfrentar la justicia mexicana por el delito de tortura.
Así como el extitular de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la AIC, Carlos Gómez Arrieta, acusado de actos de tortura contra Carlos Canto Salgo durante un interrogatorio difundido en redes sociales, y quien fue detenido en octubre de 2014 por su presunta responsabilidad en la desaparición de los jóvenes.
En videoconferencia desde la sede de la FGR, Gertz Manero aseguró que la verdad histórica, que establece que los 43 normalistas fueron secuestrados por Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, se acabó porque las diligencias realizadas en el nuevo periodo de investigación del caso permitieron establecer la cronología de lo sucedido en 2014 y quiénes participaron.
“Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales, han sido confrontadas con la secuencia de los hechos, y con las periciales de ubicación e identificación, y han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos”, detalló.
Incluso, dijo el fiscal, se han “enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck [Austria], que fueron encontrados durante esta administración y nueva investigación, sobre los cuales se esperan resultados de inmediato”.
Señaló que a finales de esta semana se podrá dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a Austria, con referencia a los sitios donde fueron encontrados en diligencias apegadas a derecho.
Gertz Manero aseveró que en septiembre de 2014, la entonces PGR consignó a funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas, debido a las inconsistencias y parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar todas las violaciones que estos individuos cometieron durante su intervención en el caso.
“Entre ellas, la detención arbitraria, la tortura, la dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento, ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer, de manera fehaciente, el destino de las víctimas”, detalló el fiscal.
Sin embargo, expuso Gertz Manero, el año pasado la nueva Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, encabezada por Omar Gómez Trejo y por la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, iniciaron nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido judicializados, insistió el fiscal General de la República.
“En 2019, ya la nueva fiscalía, a través de la fiscal Especial en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, así como del fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se iniciaron otras investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados y procesados, y que no tienen obstáculo procesal para poderlos judicializar, ya que son, fundamentalmente, la desaparición forzada de las víctimas y delincuencia organizada, así como el verdadero paradero de las personas desaparecidas”, expuso Gertz Manero.
Subrayó que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa dará a conocer la información detalla de todo el trabajo realizado, lo que ha permitido identificar la desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada, conforme la autoridad judicial se los vaya permitiendo.
