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La Fiscalía General de la República (FGR) tarda en promedio tres meses y medio en judicializar los 10 delitos que estableció como prioritarios en su Plan de Persecución Penal, el cual entregó al Senado en enero pasado.
En sintonía con el gobierno federal, priorizó como número uno el de la corrupción, en el cual el Ministerio Público de la Federación se lleva 134 días en consignar ante un juez la carpeta de investigación iniciada, según indica el documento.
Sin embargo, en los delitos ambientales y vinculados a la violación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos —comúnmente cometido por la delincuencia organizada— la FGR se lleva hasta cinco meses en las indagatorias.
En delitos relacionados con narcotráfico, 135 días; contra el patrimonio nacional, 119; comercio, 117; secuestro, 104; económicos y financieros, 103; derechos humanos, 101, y sistema electoral, 67.
En 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) judicializó, en promedio, 16.4% de los asuntos destinados a investigación y litigación del 1 de enero al 31 de diciembre.
La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, se propuso como meta disminuir a 130 días la judicialización de los casos abiertos por delitos de corrupción, entre los que se encuentran el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otras.
Además, en 2021 estima incrementar de 6% a 8% las carpetas de investigación de delitos prioritarios vinculados a proceso, y de 6.2% a 8% las de sentencia condenatoria.
Según el plan, la carga de trabajo promedio por agente del Ministerio Público de la Federación es de 61 carpetas de investigación, y el objetivo para 2021 es reducirlas a 40.
“Las denuncias se traducen en acciones, las cuales en el largo plazo permitirán abatir la impunidad de los delitos que más gravemente afectan a nuestro país”, asegura la dependencia federal.
En ese sentido, la Fiscalía General de la República afirma que iniciar una carpeta de investigación con un detenido es menos demandante para el agente del Ministerio Público y el policía, porque desde el inicio se cuenta con la identificación y detención del presunto delincuente, lo que facilita la indagatoria para su judicialización.
“Bajo el modelo de gestión vigente, este trabajo se organiza a través de las Unidades de Investigación y Litigación (UIL), donde un número de AMPF [agentes del Ministerio Público Federal] procesa este tipo casos.
“Su trabajo consiste en integrar las carpetas de investigación para judicializaciones con detenido en menos de 48 horas, recabar la declaración de la víctima y el primer respondiente, realizar las indagatorias , así como ordenar las diligencias necesarias para justificar la legal detención”, refiere el documento.
Sin embargo, la FGR asegura que la mayor proporción de las carpetas iniciadas en áreas centrales y delegaciones estatales de la institución comienzan sin un detenido.
“El sistema tiene muy baja capacidad de resolver casos que no recibe aclarados. Dicho de otra forma, la judicialización exitosa de un caso depende de la identificación a priori de un imputado, generalmente detenido en flagrancia”, admite.
En contraste, añade, la probabilidad de esclarecer asuntos que no disponen de un probable responsable es baja, por lo que generalmente se van al archivo temporal y engrosan el inventario de causas en trámite.
De acuerdo con el documento, casi la mitad (42%) de las carpetas de investigación que se inician en la FGR derivan de denuncias de delitos de carácter patrimonial o de los tipificados en las leyes de instituciones de crédito, inversión, fianzas y seguros.
“Gran parte de los recursos y capacidades de la FGR se destinan a investigar ilícitos que, hasta cierto punto, no son graves, y que además presentan pocas probabilidades de éxito, en virtud de que 98% y 99%, respectivamente, inician sin la identificación de un imputado”, detalla.
En 2018 se registraron en total 112 mil 635 investigaciones, de las cuales sólo 16% iniciaron con un detenido o imputado conocido.
Al respecto, la dependencia estima concluir en ocho años el proceso de transición para la operación en su totalidad de la nueva institución.
“El horizonte temporal se visualizó a ocho años, estableciendo la posibilidad de realizar ajustes anuales acorde a los resultados que se obtengan y considerando dos periodos de cuatro años.
“Debe materializarse un proceso de profunda revisión al proceso a la mitad del mismo”, indica el documento de la FGR.
