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La fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República ( FGR ), María de la Luz Mijangos Borja, planteó que debe ser un delito con pena agravada el pago con favores sexuales que reciba un servidor público a cambio del ejercicio de un derecho de una mujer o una niña.
Al condenar que debe atacarse este tipo de violencia institucional, la fiscal afirmó que en la ley se debe dejar claro “cuándo un soborno es de carácter sexual y cuándo afecta a mujeres y niñas”.
La fiscal Anticorrupción de la FGR incluyó un apartado sobre violencia de género en su Informe Anual de Actividades y Resultados que envió al Senado.
Informó que propone la contratación de 40 mujeres que realicen labores de oficiales ministeriales, al lado del Ministerio Público, que se capaciten en tareas de integración de carpetas de investigación y que puedan acceder en el futuro a plazas de MPF.
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“Se promoverá la capacitación de estas oficiales ministeriales y de todo el personal de la fiscalía, en la clasificación de los delitos por hechos de corrupción y en la investigación de los mismos con perspectiva de género”, planteó.
Asimismo, dijo que el artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define la “ violencia institucional ”, como aquella que tiene como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Encontró que “hace falta profundizar en esta violencia y relacionarla con el delito de cohecho para agravar la pena, cuando el beneficio que recibe el servidor público sea de carácter sexual”.
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Abundó: “Tenemos reconocida las figuras del acoso y del hostigamiento sexual, pero se requiere que exista una mayor pena cuando se trata de un servidor público que condiciona la prestación de un servicio público o el ejercicio de un derecho a la obtención de un favor de carácter sexual”.
Refirió que “en las diferentes mediciones que se realizan sobre corrupción y servicios públicos, es muy alto el porcentaje de ciudadanos que dicen pagar sobornos por la obtención de los mismos”.
Por ello, sugirió al Senado que en la ley es muy importante determinar cuándo ese soborno es de carácter sexual y cuándo afecta a mujeres y niñas.
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Informó que en la fiscalía a su cargo, entre otros proyectos, “se tiene contemplado detectar patrones de corrupción en instituciones que tienen trato permanente con mujeres en situación de vulnerabilidad, como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de Migración (INM), así como las instituciones encargadas de programas sociales”.
Reportó que se han etiquetado casi 24 millones de pesos, como presupuesto en 2020, para realizar acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género vinculada, desde luego, con actos de corrupción.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, implementa acciones para el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Igualmente, actúa por la vigencia de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
