La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) rechazó enviar el expediente del caso Atenco a la Fiscalía General de la República (FGR), para que continúe con la investigación contra funcionarios y exfuncionarios federales y estatales.
Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió su sentencia sobre el caso Atenco en la que declaró culpable al Estado mexicano de tortura, violencia sexual y violaciones contra 11 mujeres, la FGR inició una investigación contra los elementos federales que participaron en el operativo de 2006.
En septiembre de 2019 la FGR determinó ejercer su facultad de atracción sobre el caso Atenco para unificar las investigaciones contra los funcionarios locales y federales que participaron en el operativo y solicitó a la Fiscalía del Estado de México enviar su expediente; sin embargo, en mayo de 2020 la instancia local negó remitir las constancias.
“En mayo de este año, la fiscalía local contesta diciendo ‘no reconocemos la competencia de la federación’, es decir, ‘no vamos a remitir el expediente’, esta respuesta es un sinsentido frente a los hechos del caso”, explicó Stephanie Erin Brewer, del área internacional del Centro Prodh.
Por ello, las víctimas del caso presentaron un amparo para obligar a la Fiscalía local a enviar su expediente a la FGR y estar en posibilidad de proceder penalmente contra toda la cadena de mando, lo que podría llegar hasta el expresidente Enrique Peña Nieto y el exministro Eduardo Medina Mora.
“Los responsables del caso Atenco en diferentes corporaciones policiales o puestos políticos, como no ha habido castigo, ahí siguen, ya sea en sus funciones o en puestos similares o en cargos más altos y esto ha sido el caso del gobernador, que luego fue presidente [Enrique Peña Nieto] y el de un mando, que era secretario de Seguridad Pública federal, luego pasa a ser procurador y después a ser ministro [Eduardo Medina Mora], y también en el Estado de México vemos ese patrón, donde entonces el encargado de la policía en Texcoco que participó en los primeros momentos de represión en Atenco y que ahora es encargado de seguridad de Ecatepec [Roberto Hernández], si no hay castigo, si no hay consecuencias, siguen ahí con el poder de cometer más abusos de este tipo”, añadió Brewer.
Melisa Zamora, abogada del Centro Pro, precisó que la intención es que la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas de Violencia de Género y Trata de Personas (Fevimtra), como autoridad federal y especializada en este tipo de delitos, sea la que continúe con las investigaciones en los términos ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“El efecto que tendría el amparo al ser un juzgado federal sería ordenarle a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que entregue la totalidad de constancias de Fevimtra, de la Fiscalía General de la República (FGR)”, dijo.
El amparo está próximo a resolverse, pues el pasado 3 de septiembre el juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de México celebró la audiencia constitucional, lo que significa que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar y ya está listo para dictar sentencia.
La FGEJM justificó su negativa a enviar el expediente a la FGR bajo el argumento de que no se cumplen todos los requisitos para que la Federación atraiga el caso.
Zamora explicó que la legis- lación vigente no regula el procedimiento aplicable cuando una autoridad local desconozca la competencia de la Fiscalía General de la República, como está ocurriendo en el caso Atenco, por lo que el caso podría generar un precedente para declarar si esta negativa emitida por la FGJEM es legal.
Ya sea que la resolución salga favorable o no a las víctimas, las abogadas del Centro Pro, Melisa Zamora e Ivette Galván, consideraron que el caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dada la trascendencia del criterio que podría generarse.
Italia Méndez y Norma Jiménez, sobrevivientes de tortura sexual cometida en su contra por elementos policiales en el caso Atenco, reprocharon que a casi dos años de la sentencia de la Corte IDH todavía tengan que litigar en México el cumplimiento de la misma.
