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En un mes, la Fiscalía General de la República (FGR) armó la investigación que mantiene preso al abogado Juan Collado, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, y en sólo dos días consiguió la orden de aprehensión.
Dicha orden fue ejecutada el pasado martes 9 de julio y ayer por la mañana, luego de una audiencia de 11 horas y media, el juez de Control, Jesús Eduardo Vázquez Rea, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, vinculó a proceso a Collado Mocelo por ambos delitos.
La investigación contra el jurista derivó de la denuncia presentada por Sergio Hugo Bustamante Figueroa el 7 de junio pasado. A partir de ese día, cada 72 horas Bustamante Figueroa se presentó a la FGR a ampliar su denuncia dando un total de cinco entrevistas.
En una de sus comparecencias presentó copia certificada de una averiguación previa iniciada en el año 2017 por la fiscalía de Querétaro en la que constan declaraciones, comprobantes financieros y escrituras públicas con las que la FGR sustentó su acusación.
Sus declaraciones retoman dichos de otras personas, incluso de José Antonio Rico Rico, quien también es imputado en la carpeta de investigación, en los que relatan la conformación de un esquema sofisticado para blanquear recursos derivados de operaciones fraudulentas, a través de empresas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) calificó como fachada.
Bustamante Figueroa señaló como probables responsables a José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.
Para el 4 de julio pasado, la UIF presentó formalmente su denuncia al considerar que los hechos narrados por Bustamante Figueroa, quien reclamó haber sido víctima de las operaciones ilícitas del grupo de denunciados por la venta de un inmueble de su propiedad sin su consentimiento, pueden ser constitutivos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El abogado Rodolfo de la Guardia, defensor de Collado Mocelo, expuso que la FGR no realizó la investigación, sólo recibió documentos sin verificar su autenticidad y tachó de pruebas ilícitas los datos ofrecidos por la dependencia.
Precisó que su cliente ni siquiera es parte en la averiguación previa que inició la fiscalía de Querétaro y cuyas copias certificadas exhibió ante la FGR.
“No hay un solo acto que indique siquiera que el licenciado Collado Mocelo sabía, quería y se integró a una organización para justificar hechos y delitos en abstracto”, dijo.
“Se tiene que establecer tiempo, lugar y circunstancia, porque de lo contrario se coloca en incertidumbre jurídica al licenciado Collado”, subrayó el jurista.
Pese a las inconsistencias señaladas por el defensor, el juez Vázquez Rea vinculó a proceso a Collado Mocelo y le impuso la medida de prisión preventiva de oficio, que cumplirá en el Reclusorio Norte.
Además, concedió a la FGR seis meses para que concluya su investigación complementaria en la que la dependencia anunció que recabará informes del SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), periciales en contabilidad y entrevistas. Ese periodo concluirá el 11 de enero de 2020.