Diversos jueces y magistrados aseguraron que la única condición para levantar el paro en el Poder Judicial de la Federación es que se convoque a un verdadero diálogo y que se deseche y no se apruebe la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque habría un poder absoluto, sin contrapesos ni límites.
En entrevistas con EL UNIVERSAL, afirman que elegir por voto popular a jueces y magistrados es propiciar la falta de imparcialidad de las personas electas, que responderían al electorado y no a lo previsto en la ley. Un tribunal de disciplina impulsará que los fallos se den de forma apresurada o se desechen para cumplir con un plazo arbitrario.
Miguel Ángel Luna Gracia, juez primero de Distrito de Saltillo, Coahuila, dijo que es deseable desechar la iniciativa de reforma porque politiza a los jueces, impone ante el tribunal de disciplina un control político de las decisiones prácticamente de todo el aparato judicial y equivaldría a acumular el poder en una sola fuerza.
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Resaltó que cuando se presentó la iniciativa el 5 de febrero las preocupaciones de los juzgadores fueron la designación por voto, el cese inmediato de jueces y magistrados, así como la instauración del tribunal disciplinario.
“Ahora, en el dictamen se modifica para agravar y generar más preocupación en estos sistemas, porque agregan variables, por ejemplo, en el sentido de que en los puestos de elección se realizará de manera escalonada, la mitad en 2025 y la otra en 2027.
“Entonces, para 2025 proponen que por tómbola, literalmente, se escoja a quienes van a ser cesados, para votar sus puestos. Se establece que en caso de tener más candidatos inscritos que plazas, y el número máximo debe ser seis por plaza, se van a desechar también por tómbola”, aseveró el juzgador.
Destacó que estas acciones parecen broma, pero son en serio y muestran una falta de interés en fortalecer la profesionalización del Poder Judicial y dejarlo a la suerte, además de controlar políticamente a los jueces.
Luna Gracia expresó que la elección de jueces y magistrados por voto popular es inviable y la intención es que la propuesta sea desechada, porque está comprobado que donde se ha impuesto el resultado es una politización del Poder Judicial y pérdida de independencia judicial.
Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y vocera del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), remarcó que para levantar el paro de labores se requiere echar abajo la reforma.
“No sé cómo se tendrán que organizar, pero sí deben estar conscientes de que lo que intentan aprobar es un atraco a la nación, y esa reforma no debe pasar. Se tiene que hacer un análisis concienzudo, serio, de la reforma al Poder Judicial de la Federación, tomando en cuenta de verdad a los integrantes de este poder y, sobre todo, que se resuelvan los problemas de impartición de justicia en México y no que se pretendan agravar”, comentó.
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Aguayo Bernal añadió que la reforma debe contemplar temas que la propuesta del Ejecutivo no incorporó en su iniciativa, como el fortalecimiento de las fiscalías locales y la organización de las policías.
“Las fiscalías locales son el primer punto que debió observarse en esta reforma, [así como] el manejo, la organización de policías, fiscalías, ministerios públicos, que no tienen capacitación para hacer su trabajo y tampoco recursos para hacerlo. Eso es lo primero que se debe atender para que el inicio de una buena procuración de justicia en este país”, dijo.
José Leovigildo Martínez Hidalgo, juez Séptimo de Distrito en Morelos, afirmó que su oposición a la reforma estriba en el riesgo de perder 200 años de autonomía y delegar la administración de la justicia en manos de personas sin el profesionalismo que demandan los justiciables, la ciudadanía.
“No olvidemos que el Poder Judicial ha sido autónomo durante más de 200 años. Ha funcionado, hemos sido un contrapeso, que es la función fundamental para los otros dos poderes”, aseguró.
El magistrado del segundo tribunal colegiado auxiliar con residencia en Saltillo, Coahuila, Hugo A. Bermúdez, señaló que se pretende cooptar y controlar al PJF, que en una democracia moderna tiene obligación de controlar los actos arbitrarios del Legislativo y Ejecutivo, obligándolos a que respeten la constitución y la ley, pero que además pretende un poder absoluto sin contrapeso ni límites.
“Entonces, la suspensión de labores que llevaremos a cabo es en ejercicio de una obligación institucional que tenemos las personas juzgadoras, reconocidas convencionalmente, para defender la independencia judicial y el Estado de derecho en el país”, argumentó.
Indicó que el paro indefinido tiene como fin que la iniciativa no se apruebe en los términos en que está propuesta y que se requiere el diagnóstico y diálogo para dar forma a una iniciativa que realmente resuelva los problemas de impunidad, inseguridad y corrupción.
Coincidió en que se requiere desechar la reforma. “¿Se debe hacer una reforma? También, sin duda, pero diagnosticado el o los problemas objetivamente y con un verdadero y serio diálogo nacional”.
Claudia Hurtado de Mendoza-Godínez, jueza de Distrito en Materia Administrativa de Monterrey, expresó que en el caso del Tribunal de Disciplina la amenaza de una sanción por la demora en la resolución de un caso puede impulsar a los órganos jurisdiccionales a decidirlos de manera apresurada o a desecharlos sin la diligencia que requieren para cumplir con un plazo arbitrario. Con información de Francisco Rodríguez, Raúl Torres y Paola Gamboa, corresponsales
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