Faltan unos días para que se cumplan tres años del feminicidio de Diana Elizabeth Villafáñez Santín, en Cuajimalpa de Morelos. El 30 de julio de 2017 la vida de Edgar Arturo Irabién Villafáñez cambió al perder a su madre; desde entonces mantiene una lucha diaria para que el caso no quede impune.
“Durante todo este tiempo he buscado llegar a personas clave que puedan ayudar en el caso de mi mamá, pero aun alcanzando a la procuradora, la Comisión de Derechos Humanos y los medios, incluso con todo eso, el caso sigue estancado.
“En abril me dijeron que me había quedado sin asesor jurídico y ahora iban a cambiar a otro. Salí decepcionado, derrotado y frustrado. ¿Qué más hago? ¿Qué es lo que sigue si ya toqué en todas las puertas?”, dice.
El hijo de Diana ha investigado y buscado testigos que den con él o los responsables del crimen; ha repetido cada detalle frente a ministerios públicos, policías, personal de derechos humanos y medios.
También ha hablado con algunos parientes que se enteraron del hecho por la publicación de fotos del deceso, lo que le generó depresión.
La primera publicación que Arturo encontró sobre el fallecimiento de su madre fue una nota con pocos datos que mostraba un cuerpo de cintura para abajo. Después de unos días, su familia empezó a contactarlo para decirle que estaban circulando en redes y diferentes medios de comunicación detalles de una muerte violenta y fotos sin censura.
“Policías y forenses vendieron las fotos desde el primer momento. Fue lo que más me dañó. Durante meses contacté a cada medio o portal que las había subido”, recuerda Arturo.
Además de filtrar las imágenes, se había publicado información sobre el caso y una línea de investigación de la que Arturo no tenía conocimiento, datos que fueron proporcionados a los reporteros por las autoridades que llevaban el caso.
La familia Villafáñez interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) por omisiones en el caso y por el actuar de los medios.
La recomendación 09/2019 agrupa 20 expedientes de queja de falta de investigación y filtración de información en los casos de posible feminicidio entre 2016 y 2019.
Anteriormente la comisión ya había recibido quejas sobre la filtración de los datos de las víctimas, y fue mencionado en las recomendaciones 04/2017 y 01/2018. Una planteaba la obligación de reparar a los afectados y sancionar a involucrados.
La filtración de detalles del caso, identidades de los presuntos responsables ponen en riesgo a las mismas y es posible que afecten el debido proceso.
La activista feminista Mar Cruz menciona que en la mayoría de las fiscalías y ministerios públicos hay filtración de información y que éstas dañan sobre todo a las víctimas.
“Un caso revictimizado fue el asesinato de Victoria Pamela Salas, pues el presunto culpable era un hombre que tenía peso dentro de una comunidad en redes sociales. Hubo mucha filtración. La prensa estuvo al pendiente del caso por el inculpado, no por la víctima”, detalla.
La filtración de datos por parte del personal de la Fiscalía de la Ciudad está en la mira de la Contraloría General de la Ciudad de México. En al menos tres de cada 10 de los expedientes de feminicidio se investiga la divulgación de información que es considerada como confidencial, según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
La activista refiere que hay una criminalización de la denuncia, por lo que se ha convertido en un acto de valentía y resistencia.
“Te criminaliza la familia del feminicida, la sociedad, el estado y en ocasiones hasta tus parientes. Las autoridades lucran con las víctimas al querer vender la información de las carpetas, y por desgracia es común que esto pase, porque hay medios de comunicación que sin ética o conciencia hacen uso del dinero para adquirir imágenes”, dice.
Agrega que ese juego de machismo y del uso del cuerpo de las mujeres destaca la situación de tenernos como un objeto incluso cuando ya estás en la morgue o has vivido una situación de violencia.
“Me parece importante mencionar que afuera de Palacio Nacional está instalado un plantón de familiares de víctimas de feminicidio. ¿Por qué el Presidente ha omitido el documento que le enviaron? ¿Por qué no ha tenido ese acercamiento ni compromiso contra la violencia contra las mujeres?”, critica.
A mediados de 2018, la carpeta de investigación del feminicidio de Diana Elizabeth Villafáñez no presentaba avances; las pruebas con el tiempo se han ido borrando.
“Muchas cosas que se pudieron haber hecho en su momento ahora te dicen que ya no, que ya pasó el tiempo, y me frustra mucho porque yo siempre estuve ahí, presionando”, lamenta Arturo.
Otro problema es que a casi tres años de iniciar la investigación, algunos testigos que Arturo contactó ya no recuerdan aquel día.
El hijo de Diana se sumó al movimiento Ni una más y ahí decidió dar entrevistas a la prensa para contar las violaciones de derechos y el poco actuar de las autoridades.
