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En la Secretaría de Educación Pública (SEP) existen 22 fondos y fideicomisos públicos susceptibles a desaparecer, puesto que no tienen estructura, de acuerdo con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante esta administración, dichos fondos tienen una disponibilidad de más de 10 mil 445 millones 457 mil 836.68 pesos.
Se afectarían fideicomisos que entregan becas para estudiantes de educación superior, como las de la Fundación UNAM, apoyos a medallistas olímpicos y paralímpicos, fondos para la investigación científica e incluso para el sistema de educación de bachillerato a distancia.
El pasado 2 de abril, en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente López Obrador ordenó a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los tribunales agrarios extinguir o terminar los fideicomisos, mandatos públicos y análogos en los que funjan como unidades responsables y que no cuenten con estructura orgánica.
“Los derechos y obligaciones derivados de dichos instrumentos serán asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes con cargo a su presupuesto autorizado, en conformidad con las disposiciones aplicables”, se detalla en el documento gubernamental.
El objetivo de desaparecerlos es destinar sus saldos a la reactivación económica y a los esfuerzos para la atención de la emergencia sanitaria por coronavirus (Covid-19), que ayer cumplió 100 días, tras identificarse el primer caso en la Ciudad de México.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), un fideicomiso es un contrato donde una persona física o moral, denominada fideicomitente, transmite y destina un patrimonio, como pueden ser bienes o derechos, a una institución fiduciaria encomendándole la realización de fines determinados, en beneficio de una tercera persona o en el suyo propio.
Un fideicomiso con estructura es una entidad del sector paraestatal y cuenta con personalidad jurídica, mientras que uno sin estructura, no.
En una revisión a las bases de datos publicados a través de la plataforma de transparencia gubernamental, información que posteriormente fue verificada en el Diagnóstico de Fondos y Fideicomisos Públicos en Materia de Transparencia del Inai, se encontró que Educación Pública es fideicomitente de 22 fondos y fideicomisos sin estructura que administran los públicos, para apoyar la entrega de becas y la investigación científica, por ejemplo.
Las entidades responsables de estos fondos son instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte (Conade), y el Fondo de Cultura Económica (FCE).
Sin embargo, las principales afectadas serían las personas a quienes estos recursos dejarían de llegar, por ejemplo, los becarios de la UNAM, los científicos del IPN y del Cinvestav, los deportistas de alto rendimiento y las escuelas públicas.
Al consultar a la SEP, funcionarios de la Dirección General de Comunicación Social de esa secretaría dijeron que aún no se ha definido la manera en que se instrumentará dicho decreto, y que es Héctor Martín Garza González, jefe de la unidad administrativa, quien desde la publicación del decreto ha llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, para operarlo.
LOS SUSCEPTIBLES A DESAPARECER
A través de dos fideicomisos, la Universidad tuvo disponibilidad de recursos por 273 millones 441 mil pesos. A través del programa de Becas SEP-UNAM Fundación UNAM, dispuso de 43 millones 527 mil 571 pesos para la entrega de becas de manutención y transporte a estudiantes y académicos de la institución; su objetivo es fomentar que los estudiantes lleguen a la institución, permanezcan en ella y terminen su carrera.
La máxima casa de estudios también administra el fideicomiso SEP-UNAM, a través del cual en 2019 y en lo que va del año se inició el proyecto RUA-MX, a fin de construir plataformas educativas para acceder y compartir un acervo de contenido educativo en línea en 10 universidades del país; para este proyecto, el fondo tuvo recursos por 229 millones 913 mil 438 pesos. Se le consultó a la UNAM la situación de ambos contratos, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
El Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IPN tiene una disponibilidad de 938 millones 222 mil 944.8 pesos; en 2019 y 2020 entregó apoyos por mil 961 millones para proyectos de investigación científica; construyó y dio mantenimiento a instalaciones; adquirió materiales y suministros, y dio incentivos a investigadores.
Otro tipo de contrato para investigación científica que podría verse afectado es el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Cinvestav, que cuenta con 39 millones 912 mil 464 pesos y que en 2019 pagó materiales, equipos y servicio para 125 proyectos de investigación aprobados por su consejo técnico.
También se encuentra en peligro el Fideicomiso para el Bachillerato General en sus modalidades No escolarizada y Mixta, el cual tuvo una disponibilidad de 144 millones 979 mil 582.78 pesos.
El objetivo del fideicomiso es apoyar los servicios que se proporcionan a los estudiantes de los subsistemas de preparatoria abierta, educación media superior a distancia y centros de atención a estudiantes con discapacidad (CAED). Esto se logra a través de asesorías académicas en la Ciudad de México, exámenes y bancos de reactivos adaptados para personas con discapacidad.
Por ejemplo, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento tenía recursos de 114.597 millones de pesos para apoyar a 774 deportistas de alto rendimiento, entre ellos a 99 medallistas olímpicos y 81 medallistas paralímpicos.
También se afectaría el Fideicomiso del Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, el cual tiene una disponibilidad de 3.9 mil millones de pesos para dar mantenimiento a las 826 aulas digitales del Programa @Prende para llevar computadoras, internet y plataformas educativas a escuelas en zonas rurales y urbanas, así como a los bebederos escolares que instaló la administración del expresidente Enrique Peña Nieto en los planteles; el fondo también se utilizaría para pagar adeudos por tarjetas bancarias.
Dentro de los contratos susceptibles a desaparecer por no contar con estructura, se encuentra el Fondo de la Amistad México-Japón, el cual se creó para promover y actividades científicas, artísticas, educativas, tecnológicas, cívicas, deportivas y culturales, sobre todo para apoyar y promover intercambios con estas naciones.
Dicho fideicomiso no recibe recursos públicos, pero se creó a partir de un donativo del gobierno nipón e iba a cumplir su objetivo a partir de los intereses que se generan de dicho donativo del gobierno de Japón; no recibe ingresos por parte del de México. Desde 2018, Nacional Financiera, que administra el recurso, no ha dado informes sobre el patrimonio del fideicomiso y en 2020 no se efectuaron egresos derivados de su objetivo.
LOS QUE ADMINISTRA EL SNTE
A través de tres fideicomisos cuya unidad responsable es la SEP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene una disposición de 18 mil 368 millones 32 mil 159.67 pesos.
Se trata de tres fondos fiduciarios: uno para otorgar créditos de vivienda a los trabajadores de la educación en la República, el Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio; otro es para entregar una computadora nueva cada año a los maestros de la Ciudad de México, el Mandato para el Fondo de Apoyo al Proyecto en el Distrito Federal, además de la operación del Fideicomiso del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la SEP (Forte).
Llama la atención el Forte, el cual está sin estructura orgánica y tiene una disponibilidad de 17.15 mil millones. Lo conforma los ahorros de los trabajadores para su retiro, para su jubilación, renuncia o seguro de vida en caso de que fallezcan. Dicho fondo se creó en 1990 como una prestación laboral para los trabajadores, pero, de acuerdo con la organización sindical, ese tipo de contrato no se encuentra en riesgo.
En respuesta a pregunta de EL UNIVERSAL sobre lo que pasará con los fondos correspondientes al Forte, luego de la desaparición de los fideicomisos que ordenó el Jefe del Ejecutivo federal, el SNTE respondió que dicho fondo no puede afectarse, puesto que aunque es un fideicomiso que maneja un Consejo Técnico, el cual preside la Secretaría de Educación Pública, los aportantes mayoritarios son los trabajadores y el sindicato.
La Tesorería de la Federación, informó la organización, aporta una cantidad mínima, por única vez, que recupera cuando el trabajador se jubila o fallece. Es un fondo privado, no público, propiedad de los empleados de la educación, quienes son socios, ya que no todos pertenecen a él.
“El Forte no se verá afectado, ya que se administra con base a un contrato de fideicomiso irrevocable de inversión y administración de carácter privado, cuyo objetivo es el de fomentar el ahorro individualizado para el retiro de cada trabajador de la educación, que voluntariamente decida incorporarse a él”, refirió.
También está el Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, a través del cual opera mil 170 millones de pesos que se encuentran disponibles para dar apoyos a los trabajadores de la educación, a fin de pagar el enganche de sus viviendas, por ejemplo, y otro contrato por 42 millones de pesos, el cual se le entregó para entregar computadoras a los docentes de la Ciudad de México.
