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En su denuncia presentada al fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el abogado Juan Collado, quien se encuentra preso y sometido a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, aseguró que el subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), Juan Ramos, consideró improcedente que él acceda a negociar un acuerdo reparatorio dada la naturaleza de los delitos que se le imputan.
Con el documento, presentado el 19 de octubre de 2021, Collado solicitó a la FGR un criterio de oportunidad, figura con la que propuso al fiscal Gertz Manero aportar información que considera “esencial y eficaz para la persecución de delitos más graves” de los que se le imputan, y se comprometió a comparecer ante cualquier autoridad las veces que se le requiera.
Sin embargo, también reconoció que el subprocurador Ramos aseguró que no estaba de acuerdo con que se le permitiera realizar un convenio reparatorio, ya que estaba acusado de delincuencia organizada, y que era “improcedente” reclasificar ese delito para abrir la posibilidad de celebrar dicho acuerdo.
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El 19 de octubre de 2021, Collado denunció la existencia de lo que identificó como un “aparato de poder organizado para cometer delitos por hechos de corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero, extorsión y otros previstos por el Código Penal Federal”, y acusó a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez, así como a David Gómez Arnau, representante de Grupo Afirme y del entonces consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, de extorsionarlo para vender sus acciones de Caja Libertad a cambio de salir de la cárcel.
Collado afirmó que, desde su detención y hasta finales de 2020, los abogados Araujo, González y Pérez le exigieron cantidades millonarias para fungir como intermediarios con Scherer, a fin de negociar su libertad, así como para pagar supuestos acuerdos con autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para archivar las investigaciones en su contra.
Entre las presuntas exigencias, Collado aseguró que estaba la venta de sus acciones en Caja Libertad, supuestamente requerida por Scherer Ibarra, pero dijo que, al no acceder a esta petición, sus representantes legales lo “abandonaron” y no se volvieron a comunicar con él.
Collado relató que en diciembre de 2020 sus hijos, Juan y María del Mar Collado Dot, sostuvieron diversos encuentros con Scherer Ibarra para buscar una alternativa viable para que recuperara su libertad.
Fue así como, según Collado, Scherer les dijo a sus hijos que podía gestionar con la FGR un acuerdo reparatorio en el que Collado debía comprometerse a pagar 2 mil millones de pesos y así podría salir de la cárcel.
“No obstante, se hicieron diversas propuestas, el consejero Jurídico refirió que la única forma de concretar el acuerdo era dando en garantía las acciones de mi propiedad y de mi familia en Caja Libertad”, dijo Collado.
Una vez que Collado accedió a la petición de Scherer Ibarra, según su dicho, su abogado Javier López García le informó que se realizó un proyecto de acuerdo reparatorio y que el seguimiento de este trámite fue gestionado con el subprocurador Alfredo Higuera Bernal, por instrucciones del exconsejero.
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Para el 27 de julio de 2021, Collado aseguró que Scherer Ibarra se reunió con el abogado Javier López Juan y María del Mar, y les dijo que el acuerdo reparatorio era un hecho y que hablaría con el fiscal para ello, además de que les solicitó no buscar otra forma de sacar a su padre de la cárcel.
Sin embargo, Collado precisó que el titular de la SEIDF le dijo a su hijo lo contrario.
“En algún momento recibió a mi hijo el subprocurador Juan Ramos, quien manifestó no estar de acuerdo con el criterio jurídico del acuerdo reparatorio, ya que se requería una reclasificación del delito de delincuencia organizada la cual estimaban improcedente”, refirió.
El abogado declaró que instruyó a sus hijos volver a buscar a Julio Scherer, quien, según Collado, les aseguró que él lo vería con Gertz Manero y que en cuestión de semanas todo estaría listo.
Para agosto de 2021, Collado señaló que sus hijos intentaron reunirse con Scherer para dar seguimiento, pero ya había salido del país, tras dimitir a su cargo.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, los acuerdos reparatorios proceden sólo en delitos que se persiguen por querella y que admiten el perdón de la víctima o el ofendido; delitos culposos o patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas.
Añade que no serán procedentes para los delitos previstos en el artículo 167 fracciones I, II y III del mismo código, pero ninguna de estas hipótesis se refiere a los delitos por los que Collado Mocel está vinculado.
Ante este nuevo escenario, el abogado presentó la denuncia de octubre de 2020 para solicitar a la FGR el otorgamiento de un criterio de oportunidad para librar las acusaciones.
“Vengo a aportar información esencial y eficaz para la persecución de delitos más graves con los que se me imputan en la causa penal 269/2019 —delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita— con la finalidad de que la FGR me otorgue el criterio de oportunidad que se propone”.
La FGR procedió penalmente contra Araujo, González, Pérez y David Gómez Arnau, señalado por Collado de formar parte de la red de extorsiones. No hubo acusación en contra de Scherer.
